Ser periodista en Venezuela los convierte en “objetivo” a eliminar por parte del chavismo

El régimen chavista tiene una lista negra de comunicadores y medios de información a quienes ordena atacar debido a su posición editorial, no identificada con el poder. ¿Qué implica y cómo se práctica el periodismo en Venezuela?

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HERNÁN LUGO-GALICIA

 

Ejercer el periodismo en Venezuela es una especie de sentencia de muerte. No hay guerra civil formal, decretada. Sin embargo, el régimen socialista califica de “enemigos de la revolución” a periodistas, a la prensa independiente y, por ende, somos considerados “objetivos militares y políticos” que debemos ser eliminados, asfixiados o intimidados para que no reportemos lo que pasa en las calles del país.

¿Qué tratan de ocultar? A la gente que hurga en la basura por un pedazo de comida; enfermos que  mueren por falta de medicinas y de hospitales en mal estado; la detención de 15.000 civiles desde 2014, de los cuales quedan tras las rejas 328, según reporte de la organización no gubernamental (ong) Foro Penal; 300 militares detenidos y torturados; y que se muestre que las instituciones que, por mandato constitucional deben ser independientes, solo obedecen las líneas del gobierno.

Las figuras gubernamentales promueven el odio, el acoso y las amenazas  hacia los periodistas y medios, al tildarnos de “traidores”, “enemigos del pueblo”,  “basura” y “mentirosos”.

Los epítetos provienen de Nicolás Maduro, que se proclamó presidente luego de unas elecciones consideradas ilegales y fraudulentas; y de Diosdado Cabello, presidente una asamblea constituyente convocada de manera inconstitucional, ilegal e irregular. E incluso, las amenazas figuran en los 18 planes de seguridad del Ministerio de la Defensa.

 

¿Por qué lo sé?

 

Soy un perseguido político, sufrí amenazas y asedio por un régimen, tutelado por Cuba, que planea acabar con la prensa crítica e instaurar lo que definió el ex ministro de Información, Andrés Izarra, como “Hegemonía comunicacional”, es decir el control absoluto de los medios disponibles.

Me gradué de periodista en 1992 en la Universidad del Zulia, justo cuando Chávez pretendió dar un golpe de Estado y adjudicarse el poder. Ese año hacía pasantías en El Diario de Caracas y pudo ver la sangre que ocasionó la irrupción de una secta militar en la vida política nacional.

Luego trabajé en Reporte, diario de la Economía, El Universal y El Nacional, que tenían una línea editorial contraria al abuso de los gobernantes, lo que me convirtió en blanco, en objetivo político-militar, en alguien incomodo e insobornable para el chavismo.

En mi caso, fui hostigado por Chávez en 2007 porque escribí que el 4 de diciembre de ese año no quería admitir la derrota electoral en su primer intento de modificar la Constitución, que él mismo promovió en 1999, Relaté en El Nacional que se había puesto iracundo, violento, como se evidenció en cadena nacional, con el mando militar al lado, dos días después al usar un lenguaje soez, rasgos violentos y con una actitud nada carismática.

“Victoria de mierda”, fue la expresión que usó el 6 de diciembre de 2007.

Me tildó de “inventar noticias”, de obedecer órdenes del imperio norteamericano, y que recibiría “sangre y mierda”.

Lejos de alcanzar su meta de intimidarme, de encerrarme y no escribir, defendí mis derechos constitucionales; lo insté a mostrar pruebas en mi contra y que permitiera a los testigos de su iracundia hablar sobre el 4 de diciembre. Callaron.

La agresión me obligó a tomar algunas medidas de seguridad, pero no dejé de trabajar, de buscar las noticias, de investigar la corrupción en el gobierno, las órdenes irregulares que salían del mando militar a los subalternos y de las maniobras del chavismo para mantenerse aferrado al poder, pese a que 90% de la población venezolana los rechaza.

Como consecuencia de mi actitud, el gremio de periodista me eligió como secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas. El CNP-Caracas agrupa a la mayoría de los comunicadores de la nación; represente a 18.000 agremiados y asumí la defensa del periodismo, la verdad y denuncié los atropellos a la libertad de prensa y expresión.

Esa fue, entre otras, la razón por la cual una vez fallecido Chávez no se acabaron los ataques. Ahora provenían de personeros con altos cargos en el gobierno y en el Parlamento. De manera regular, Cabello me acusa en su programa “Con el mazo dando”, que trasmite el canal del Estado, Venezolana de Televisión, de ser “mercenario de la prensa” en contra de la “revolución chavista”; y de tergiversar los hechos.

En una oportunidad, dijo que esperaba que me despidieran del medio para el cual trabajé por 20 años.

Cabello pretende apropiarse de El Nacional, no solo del nombre, sino del edificio ubicado en una gran manzana en Caracas y que tiene un valor económico importante.

En su estrategia por doblegarnos, demandó en 17 ocasiones a directivos, a su editor y jefes de El Nacional.

En una de esas acciones, hecha entre 2015 y 2016, me incluyó de forma expresa para que se presentara en tribunales y así lograr quitarme el pasaporte, someterme a un juicio penal y obligarme a ir cada 8 días al juzgado para dejar constancia de que no me iría del país.

Detrás de ese juicio está también el ex-jefe de la policía política, general retirado Hugo Carvajal, acusado de ser parte de una red de narcotráfico llamada El Cártel de los Soles, en alusión a las insignias que tienen los oficiales de alto rango, que autorizan el uso de Venezuela para el tráfico de drogas.

Carvajal  huyó a España en pro de una negociación que  le permitiera vivir allí. No obstante, España aprobó la extradición solicitada por EEUU en febrero de 2020.

A diferencia de otros que creemos que la demanda no tiene justificación legal, el jefe de información de El Nacional, Argenis Martínez, si acudió al tribunal y, ahora, tiene “el país por cárcel”.

Las demandas contra El Nacional siguen su curso y los resultados serán favorables al militar que en 1992 acompañó a Chávez en un golpe de Estado, que fracasó.

Ya Cabello anunció, que sí gana, instalaría la escuela de comunicacional o popular en la estructura, donde en este momento funciona la página web del medio, un museo sobre el periodismo venezolano, y una de las datas más importante de noticias de los últimos 65 años de la nación. De concretar su meta, la hemeroteca de El Nacional sería acabada como ya pasó con los archivos de Últimas Noticias y El Universal, que fueron comprados por “empresarios amigos” del gobierno, cuyos nombres son guardados como el tesoro más apreciado del Caribe.

Las amenazas y la demanda en mi contra fueron denunciadas, junto a otras violaciones a la libertad de expresión, ante la Organización de Estados Americanos, de Naciones Unidas, instancias que han emplazado al régimen chavista a proteger la vida de los periodistas, garantizar el trabajo de la prensa y la libertad de expresión.

Viví en zozobra y estoy vivo y libre porque huí de la tierra que amo y por la cual, no obstante la distancia, lucho por su libertad.

 

Vivir la pasión del periodismo

 

El 5 de julio de 2017, cuando el Parlamento conmemoraba 206 años de la Independencia de Venezuela, un grupo violento, vinculado al gobierno, atacó el palacio legislativo y mantuvo bajo asedio por 10 horas  a 400 personas, entre ellos, diplomáticos, legisladores, invitados y a 108 periodistas.

Estuve allí; fueron momentos de tensión, de angustia e incertidumbre. Algunas colegas creían que iba a morir aquel día. A los seguidores del chavismo poco les importaba que clamara para que la dejaran ir.

Vi como, de forma salvaje, los chavistas lanzaban patadas al diputado de la oposición, Américo de Grazzia(+Fotos) Rusos tienen 6 enclaves en Venezuela, que estaba tirado en el suelo. Lo dejaron inconsciente. Con traumatismo en su cuerpo. Aquella horda actuó bajo la mirada del jefe militar, responsable de la seguridad del Legislativo, de evitar el ingreso de violentos, en fin de proteger la vida de un venezolano, independientemente de que fuera un parlamentario contrario al gobierno.

Me salvé de ser blanco de un cohete (juego pirotécnico) y piedras porque logramos resguardarnos en un estacionamiento en horas de la noche cuando, por mediación de embajadas, la Guardia Nacional nos custodió para salir del Parlamento. Lo paradójico: Los militares fueron atacados por cumplir su deber: resguardar a los ciudadanos.

El periodismo es el mejor oficio del mundo, como dijo el escritor Gabriel García Márquez. También el más peligroso si se ejerce en escenarios de guerra. Más en Venezuela no hay una guerra formal. Existe un conflicto entre quienes se autoproclaman “herederos” de la obra de los libertadores y pretenden controlar a la mayoría del país con el uso de las armas, la justicia y la muerte.

“Sí hubieran matado a Chávez en el golpe de 2002 aquí se paralizaban las elecciones de manera permanente”, me confesó el diputado del PSUV, Pedro Carreño, para dejar claro que no tienen la disposición de entregar el poder si la oposición gana la Presidencia de Venezuela.

Al investigar, reportear o ser testigo de golpes de Estado, manifestaciones y represiones, uno siente mucha adrenalina; mucha emoción, mucha satisfacción y compromiso aunque -en algunos casos- se manifiesta la aprensión de perder la vida, sobre todo si se oye de cerca el zumbido de balas, se inhala gases lacrimógenos, tóxicos en manifestaciones o se acerca un militante del chavismo a ofrecer coñazos o “un balazo” Por ello, hay que reconocer el valor de los periodistas venezolanos que siguen ejerciendo, que enfrentan a la dictadura de Maduro solo con el propósito de informar, de comunicar, de darle al ciudadano un canal para opinar y enterarse lo que pasa.

En 2016, el diputado del Partido Socialista de Venezuela, Elías Jaua, me amenazó con la siguiente expresión: “Un día de estos te voy a dar 4 coñazos” (golpes). Su reacción era por una información que escribí en 2014. Ese año, él, en su condición de ministro de Agricultura, viajó a Brasil y le pidió a la niñera que le llevara un maletín. La mujer fue detenida porque en el bolso llevaba un arma, algo ilegal en ese país suramericano. El hecho fue corroborado por autoridades brasileñas, no obstante, Jaua indicaba que me había metido con su familia cuando solo reporte el incidente del arma.

Años atrás, Jaua me lanzó una advertencia en 2007: “Si esta revolución fuera seria ya te hubiéramos fusilao”. La amenaza se debía a la crónica “Un Chávez iracundo se negaba a admitir la derrota”, que hizo al entonces presidente ofrecer “sangre” a sus adversarios.

Los dictadores tienen la piel muy sensible; no soportan la verdad, las críticas y menos que se le exija que respeten los derechos fundamentales del país donde maniobran por conservar el poder.

Ante estos hechos, las amenazas de ex ministros de Chávez y por mi seguridad, salí de Venezuela en 2017 y solicité asilo político a las autoridades norteamericanas, mecanismo que aún no ha sido aprobado, ya que está en proceso. Hasta 2018, 341.800 venezolanos habíamos pedimos protección en USA y la cifra aumenta cada día.

Desde 2014 hasta 2018, huimos del país 2.674 trabajadores de la prensa. De este total, 18 % somos periodistas (447). 115 estamos en EEUU; 57 en Chile; 46 en España; 40 en Argentina; 31 en Colombia; 30 en Perú; 25 en México, y 11 en Ecuador, informó Ipys en el Índice de Libertades Informativas 2018.

 

¿En qué condiciones se ejerce el periodismo?

 

En los últimos 20 años, el régimen chavista ha creado pues las condiciones para que el temor prive sobre la sensatez, la inteligencia y hasta en la Constitución.

El plan gubernamental es acallar a periodistas, a medios, a políticos y ciudadanos mediante el “terrorismo de Estado”, con las armas, el miedo, la intimidación y el acoso.

Desde que Chávez llegó al poder en 1999 elaboró un paquete de leyes para liquidar la prensa independiente; primero, aprobó la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión que usó para amedrentar y cerrar 39 estaciones radioeléctricas, entre ella el canal RCTV, caracterizada por su línea editorial adversa al chavismo. Posteriormente, trató de aprobar una “ley contra el odio”, pero no consiguió apoyo. Años más tarde, Maduro impuso esa norma a través de la constituyente, la cual aplican a periodistas y dirigentes de la oposición, so pena de ir a cárceles.

Al tomar al poder en 2014, Maduro usó la estructura judicial para someter a la prensa y recurrió a otros métodos. Desde entonces, aparecieron los “testaferros”; personas cercanas a su entorno que compraron los medios impresos y de televisión que eran autónomos y que recogían todas las voces del país. Fue así como logró imponer la censura de manera férrea, directa.

 El chavismo posee 4 televisoras nacionales, que tienen como línea editorial “Aquí no se habla mal de Chávez, ni de Maduro”, mientras que las dos únicas privadas que existen prefieren ignorar la calamidad y los problemas sociales y económicos del país para evitar ser cerradas.

Desde 2013, han desaparecidos 80 medios impresos por falta de papel. Este material depende de un ente gubernamental que lo importa y vende a las editoras. La empresa estatal aplica la discriminación y solo vende las bobinas a medios que le son afines.

Entre la lista negra, se incluye a las radios venezolanas. Las emisoras sufren una espada de Damocles porque el gobierno se niega a renovarles las licencias, aunque cumplan los requisitos de ley.

 

Cifras rojas

 

Ir a la calle a buscar la noticia, hablar con la gente que padece la crisis económica y social, o cubrir una actividad de la Asamblea Nacional, cuya mayoría es de oposición, o de los partidos no gubernamentales, es un reto a las amenazas; es arriesgarse a ser agredido de manera verbal y físico o detenido.

Por ejemplo, en los primeros meses de 2020, el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del Colegio Nacional de Periodista- Caracas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y ogns, como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad registraron 39 agresiones físicas a periodistas, 4 detenciones arbitrarias, 7 casos de hostigamiento, 5 de intimidación, 5 robos de equipos de trabajo y 2 robos de documentos personales.

Entre enero y mayo, la ong Espacio Público registró 556 violaciones a la libertad de expresión y el CNP documentó 69 agresiones a periodistas y sus equipos en cobertura de hechos. Por ejemplo,  los trabajadores de la prensa fueron atacados en dos oportunidades: el 11 de febrero cuando reseñaban el retorno  de Juan Guaidó, presidente del Parlamento y presidente encargado de la República ante la ilegalidad de Maduro, a Venezuela luego de una gira por Colombia, Europa y Estados Unidos; y el 29 de febrero, cuando Guaidó intentó marchar en Barquisimeto, Lara, en el centro-occidente del país.

“Mi mamá me pidió que dejara el periodismo porque no quería verme muerta”, expresó en llanto la colega Nuryelin Contreras, reportera del portal Punto de Corte, quien sufrió traumatismo en su cuerpo. Militantes del partido gubernamental la arrastraron por el piso, le quitaron cabellos y la escupieron.

Los sucesos fueron denunciados ante la Fiscalía General por el gremio de periodistas y lejos de encontrar una respuesta, permanece el silencio, la inercia de una instancia que, según la Constitución, tiene el deber de salvaguardar los derechos e integridad de los venezolanos.

“Las agresiones a periodistas y medios  dificultan el  ejercicio del periodismo en Venezuela. Es parte de una política de Estado que busca silenciar el derecho a la información y opinión”, afirmó el secretario general del CNP-Caracas,  Edgar Cárdenas.

El patrón de los cuerpos de seguridad cuando son agredidos los periodistas es el mismo, no importa si es en Caracas o en el interior del país: No actúan, son cómplice de los agresores, en su mayoría funcionarios públicos, militantes del partido de gobierno o grupos armados, llamados colectivos, indican los informes de las ongs.

Cabello aparece como el principal mentor de los grupos irregulares al darle las órdenes vía su programa “Con el mazo dando”.  Desde los estudios de VTV, he sido llamado “mentiroso”, “enemigo de la revolución” y “vendido al imperio”; expresiones que son tomadas como órdenes por parte de los seguidores del “segundo hombre de la revolución”.

La lista negra incluye a otros colegas, como Luis Carlos Díaz, quien fue señalado de haber propiciado un “apagón nacional eléctrico”, sólo porque hizo un programa sobre qué hacer si el sistema eléctrico falla. El 13 de septiembre de 2019 fue detenido por la policía política; se produjo su desaparición forzada porque ese cuerpo negó tenerlo. Fue torturado por agentes, su casa desvalijada con la excusa de que buscaban pruebas. Su esposa, que padece de cáncer, sufrió con la presencia de policías que la insultaban y amenazaban.

A pesar de que señalaron que desconocían su paradero, el Sebin presentó dos días después a Díaz en tribunales y le impusieron los delitos de instigación pública (que implica penas entre 3 a 6 años de cárcel) e “incitación al odio” (hasta 20 años de prisión); y se le prohibió hablar del caso a la prensa y del país.

Desde 2014, Espacio Público ha comprobado 50 casos de personas detenidas por la difusión de contenidos en línea, bien de opiniones e información, críticas por corrupción o sátira contra el gobierno.

 La ong, en el informe “Sentencia Previa: La Justicia Penal Contra La Libre Expresión”, advirtió que Maduro usa la justicia penal con procesos arbitrarios como “un mecanismo de castigo para perseguir la libre expresión” e imponer el miedo  a periodistas.

El 22 de junio, un tribunal ordenó arresto domiciliario a los periodistas Mimi Arriaga y Marcos Antoima por incurrir el supuesto delito de “incitación al odio” al vincularlos a páginas anónimas que difundían información sobre el canal Venevisión, aliado del régimen. En el juicio no se consignaron pruebas.

Es, en estas condiciones, que se ejerce el periodismo en Venezuela, por lo que cada vez que salimos a la calle solo queda encomendarse a la protección divina porque la terrenal, la justicia chavista, conlleva a la cárcel, al destierro o a la muerte.

 

Datos

 

  • La Alta Comisionada para las Naciones Unidas documentó 135 casos de personas detenidas arbitrariamente entre 2014 y 2019; la mayoría en represalia por ejercer los derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pací­fica.
  • Entre enero y diciembre de 2018, hubo 387 casos y situaciones de vulneración del derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de 608 denuncias de violaciones al derecho. http://espaciopublico.ong/febrero-violencia-e-impunidad-contra-los-periodistas/
  • El sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) totalizó en 2019, 534 casos que acumularon 1032 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos. “El abuso del poder estatal, las agresiones y amenazas, la desinformación, la opacidad y los mecanismos de censura, convirtieron al 2019 en el peor año para el ejercicio del periodismo en Venezuela”, señalan. https://ipysvenezuela.org/2020/02/26/voces-en-el-paredon-reporte-anual-ipysve-2019/
  • En 2019 ocurrieron 191 alertas de restricciones a los derechos digitales de los venezolanos. 101 restricciones de acceso a internet por fallas de los servicios de conexión fija y móvil en todo el país, 40 ataques a los servidores de portales informativos y acciones intimidatorias hacia periodistas, 38 bloqueos a portales de noticias y plataformas de redes sociales, 9 restricciones a la expresión en línea, y al menos 3 restricciones normativas.

 

 

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