Revelan que 72 venezolanos han muerto por tortura desde 2013

Los asesinatos de Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo destacan entre los más representativos de estos crímenes de lesa humanidad

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La tortura persiste en Venezuela con cifras alarmantes, así lo advirtió el comisionado presidencial para los Derechos Humanos (DDHH) del gobierno interino de Venezuela, Humberto Prado.

Este viernes, con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Prado resaltó las cifras que muestran cómo en el país suramericano este acto inhumano y degradante sigue siendo una práctica común por parte del régimen madurista.

Desde la llegada de Maduro, en 2013, han muerto 72 personas a causa de torturas en Venezuela, así lo informó Provea.

Casos representantivos

Los asesinatos de Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo destacan entre los más representativos de estos crímenes de lesa humanidad; casos que evidencian cómo la tortura se aplica a civiles y militares.

La organización no gubernamental también señaló que entre enero y diciembre de 2019 los casos de tortura incrementaron en 526.6% en comparación con el año anterior. Los cuerpos de seguridad CICPC, DGCIM y PNB han tenido mayor participación en estos delitos que se han ejecutado en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares.

En algunos casos, los funcionarios han realizado estas prácticas en centros clandestinos destinados para tal fin. Un estudio que entrevistó a víctimas de violaciones a DDHH en Venezuela determinó que el 100% de los casos de tortura habían ocurrido en centros de detención o zonas militares.

Para 2020, Provea aportó cifras que engloban la tortura sistemática del régimen: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Según Casla Institute, en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.

A juicio del comisionado presidencial para los Derechos Humanos del Gobierno Interino, el régimen tiene compromisos pendientes con la prohibición de la tortura.

Entre ellos, destaca la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La investigación es clave

La ratificación de este instrumento permitiría que órganos independientes de índole nacional e internacional realicen visitas periódicas, no anunciadas y sin restricciones, a todo tipo de establecimientos en los que existen personas privadas de libertad.

Prado señaló la importancia de investigar los casos de torturas y sancionar a sus responsables: “en Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado se avoque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar”.

Y además reparar a las víctimas, agregó. El comisionado recordó que toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción.

Fuente: Comunicado de Prensa de Provea

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