Productor que grabó a Oscar Pérez en película y documentales convulsiona en cárcel de Venezuela

El joven fue acusado de terrorismo y se le vinculó al agente del Cicpc, asesinado en 2018, por su profesión. Ahora, está detenido en la Dirección contra el Terrorismo de la policía judicial, donde cumple un año a la espera de la distribución del expediente

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“Totty” está entre los 794 ciudadanos que Nicolás Maduro mantiene presos por razones políticas en Venezuela, y que registró el Foro Penal hasta el 28 de mayo de este año.

Gleubis Sánchez es su nombre real, pero adoptó el seudónimo porque es productor musical y audiovisual, desde hace 10 años. Sin embargo, no sabía lo que le depararía ese oficio: Conocer a Oscar Pérez, agente del Cicpc asesinado el 15 de enero de 2018 de manera brutal en una casa en El Junquito, pese a que se había rendido con otras 6 personas. Pérez adversaba al régimen chavista y enarbolaba la bandera de la renuncia de  Maduro.

Ese fue “su delito”: relacionarse con Pérez, por cuestiones de trabajo.

Totty participó en la película Muerte Suspendida, grabada entre 2016-2017, y desde allí mantuvieron los contactos porque se visualizaba la posibilidad de hacer una segunda entrega del film, relacionado con sucesos y el quehacer de los detectives de homicidios.

Expediente manido

La pesadilla del joven, de 28 años, se inició el 7 de julio de 2017 cuando una comisión del Cicpc tocó las puertas de su oficina, ubicada en Plaza Venezuela, sin una orden de allanamiento y lo detuvieron, junto a otras 7 personas, que trabajaban con él (5 hombres, 3 mujeres), luego de inspeccionar el local. El acta policial recoge que había un arma, municiones vacías, una bomba lacrimógena usada y una computadora.

Durante la audiencia del 10 de julio de 2017, Totty le explicó a la jueza Belkys Arévalo, del Tribunal Especial de I Instancia en Terrorismo, que lo decomisado era parte de la utilería y escenografía que usaban en las filmaciones y la mejor evidencia de que no era para cometer algún delito era que el arma y las bombas estaban descargadas o usadas y las municiones estaban vacías. “No era para uso terrorista; es para las películas”, afirmó, lo que consta en el acta del tribunal.

Aquel 10 de julio, Arévalo ordenó llevar a Sánchez, a Saúl Torres, y a Gregory Urdaneta a la cárcel del Rodeo III, y a Nazareth Vásquez al INOF, recinto de mujeres, en Miranda, donde han sufrido vejámenes, torturas psicológicas y se les le niega el derecho a un proceso justo.

Desde hace meses, Totty fue trasladado a los calabozos de la Dirección de Investigaciones contra el Terrorismo del Cicpc, ubicado en el edificio Icauca, en la avenida Urdaneta, en Caracas, donde el trato ha mejorado, mientras él ha decaído en sus condiciones de salud.

Las personas detenidas formaron parte del equipo de producción de Muerte Suspendida, grabaron las clases de entrenamiento de Pérez en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y en la Asociación Niños con VIH, que tenía el agente.

La Fiscalía General y la policía los acusaron de ayudar en la grabación de dos mensajes del agente: uno, que salió el 27 de junio de 2017, cuando Pérez toma un helicóptero y vuela sobre Caracas con un letrero que decía “350”, en alusión al artículo de la Constitución que llama a la desobediencia civil del país ante el gobierno, Ese día hizo varias “paradas” en las sedes del Ministerio Público y en el Tribunal Supremo de Justicia.  Y, otro material, que circuló el 5 de julio de 2017.

“Totty conoció a Pérez en agosto de 2016 porque fueron a los sets de Muerte Suspendida. Él es músico, productor audiovisual, hacía cortometraje, y lo buscaban para grabar, entre ellos el comisario Raúl Gamboa, quien fue vinculado con Pérez en una investigación, pero a él le dieron medidas cautelares y no así a 5 personas quienes no tenían nada que ver con los actos y hechos del agente asesinado”, señaló un familiar, quien pidió el resguardo de su nombre para evitar represalias.

“Él es inocente. No es un delito producir películas y vídeos. No tuvo nada que ver con los actos de Pérez”, aseguraron.

El Cicpc da con Totty porque en los celulares incautados a otro productor, Saúl Ortega, a quien investigaban por haber grabado a Pérez. En su celular aparece un supuesto mensaje de voz, en el cual él pedía borrar las imágenes con el agente, que estaban en la oficina, ante la eventualidad de un allanamiento.

El 7 de julio, fue llevado a tribunales para la audiencia de presentación. Fue suspendida y figada para el 10 y otra el 11 de julio de ese mes, la cual fue postergada para el otro día. El Ministerio Público lo acusó de los delitos “contra la conservación de interés públicos y privados¨, “actos terroristas”, asociación para delinquir y tráfico de armas, según el expediente No. K-17-0204-00104.

Desde entonces, lleva un año sin distribución del juicio en los tribunales.

El expediente fue tomado por la juez Carol Padilla, señalada de radical y de acoger las líneas del gobierno a la hora de dictar sentencias. “Por dos meses, él estuvo esposado y agachado las 24 horas del día, que le causaron una trombo cerebral, que lo hacen convulsionar a cada rato. Ya lleva 16 salidas a la emergencia médica por este problema”, indicaron los familiares.

El 29 de mayo volvió a convulsionar en la celda y fue llevado a servicio médico, añadieron. El reporte médico indica que sufrió un ACV Isquémico transitorio, que se manifiesta con convulsiones. La isquemia cerebro-vascular proviene cuando el suministro habitual de sangre que llega al cerebro se ve interrumpido.

La defensa de Totty solicitó a Padilla una medida cautelar, casa por cárcel, pero ha sido ignorada, aún cuando los informes médicos advierten de los peligros de permanecer en la cárcel; en la celda está con otras tres personas más.

El caso, manifestó el abogado Carlos Daniel Moreno, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, está lleno de irregularidades: “Él es inocente. El expediente no fue distribuido la semana pasada (a finales de mayo, principios de junio) como correspondía. Totty cumple 2 años presos sin que se le dé una medida cautelar”.

Moreno recordó que la audiencia preliminar de Sánchez y las otras personas el 18 de junio de 2018 en el Tribunal Primero de Control con Competencia en Terrorismo, y desde entonces, el expediente no sido distribuido para la asignación del Tribunal de Juicio: “Es inocente”.

Entre las irregularidades están:

En primer lugar: “el retraso en la distribución lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva y causa daños irreparables a Sánchez.  Es una violación grave a los derechos y garantías procesales”, denunció el abogado.

En segundo lugar, el expediente da por sentado hechos sin presentar pruebas, como el uso de armas que no guarda relación a crimen alguno y que sólo servían de utilería en las escenas que grababan.

La Defensoría Pública lo señaló así en un recurso entregado al Poder Judicial, en el cual exigía la libertad de los indiciados y la “nulidad absoluta” del caso.

“Hemos observado que la Fiscalía se ha limitado a narrar lo que a su parecer y conveniencia cree que es; y se dice que es así porque de su exposición del porque a su juicio imputa a mis defendidos los hechos ilícitos ya referidos se evidencia la subjetividad y no objetividad que debe prevalecer como lema en el transcurso de su investigación sobretodo como titular de la acción penal. Y más aun cuando la única relación que pudiera existir entre el ciudadano Oscar Pérez y mis asistido es netamente Laboral y así lo deja ver la defensa en las practicas de diligencia que el Ministerio Publico obvió”, expresa el documento, suscrito por la defensora Judith Trujillo, que califica la actuación de la Fiscalía General de “desproporcionada y fuera del contexto de la realidad”.

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