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El retroceso permanente del Estado de Derecho en Nicaragua Anualmente

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World justice project (WJP) valora la salud de los países a través de 4 principios y 44 subtemas (indicadores) del Estado de Derecho, publicando el Índice de Estado de Derecho. Esta institución define el concepto de Estado de Derecho como el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, además de que funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales. La construcción de los resultados se da a partir de encuestas de opinión a los ciudadanos y entrevistas a especialistas.

Nicaragua fue incluida en el Índice de Estado de Derecho, a partir de 2015 ocupando la posición 89 de 102 países, esta escala implica estar por debajo del promedio tanto global como regional, es una posición que se ha mantenido desde 2016 a 2018 y desplomado a partir de la crisis sociopolítica de 2018 que fue plasmado en el índice de 2019; para el índice de 2020 publicado recientemente, Nicaragua se encuentra en la posición 118 de 128 países. Desde el inicio de la gestión de Ortega hemos podido observar los retrocesos en los límites al poder gubernamental, lucha contra la corrupción, derechos fundamentales, cumplimiento regulatorio, justicia penal y civil, orden y seguridad y Gobierno abierto.

Puntuaciones más bajas en 2020

Las puntuaciones de los indicadores se encuentran en la escala de 0 a 1. Con un resultado de 0.4 puntos se encuentra la ausencia de influencia indebida en el sistema de justicia penal y con 0.14 en lo civil, hemos observado la fuerte manipulación del Partido – Gobierno sobre el poder judicial particularmente en los juzgados penales tanto a jueces, fiscales y demás funcionarios incluyendo los del sistema penitenciario, esto se ha traducido en procesos, juicios, sentencias y tratamientos totalmente contrarios a las leyes nacionales e internacionales.

Es por esa razón que el derecho a la privacidad con 0.15 puntos es el tercer indicador más bajo, este hace referencia a la actuación de las autoridades policiales con el allanamiento y detención ilegal de opositores sin ninguna orden judicial, el modus operandi en estos últimos años ha sido la fabricación de delitos como justificación para desmovilizar y desmoralizar a la ciudadanía.

Otra de las puntuaciones más bajas que ocupa el cuarto lugar son la auditorías independientes con 0.16 puntos, resulta cada vez más difícil ejercer el rol de protección, fiscalización ejercido por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, desde 2018 los y las defensoras se han visto en la necesidad de desplazarse a nivel interno para resguardarse y otros han tenido que migrar a otros países por los ataques directos a su vida y a sus instituciones (algunas con la pérdida injustificada de personería jurídica), la labor de protección y acompañamiento a los familiares y víctimas resulta un doble desafío con el recrudecimiento de la violencia sociopolítica y el COVID-19.

La idea de mantener un contrapeso al poder gubernamental autoritario se ha ido extinguiendo paulatinamente por: el control que tiene Ortega en la Procuraduría General de la República, la de Derechos Humanos y demás oficinas institucionales de auditoría, la expulsión de los organismos internacionales de derechos humanos.

Puntuaciones altas de 2020

Debemos recalcar que estas puntuaciones altas se refieren al estudio sobre Nicaragua pero que al compararlas internacionalmente no se encuentran ni siquiera en el promedio regional. Aun con la puntuación de 0.95 respecto al indicador de conflicto civil el Estado de Nicaragua no se acerca al promedio de América latina y el caribe, reconocemos que no existe una guerra civil, lo que no podemos descartar es la permanencia de un sistema político totalitario que mantiene fuerzas paraestatales y una sociedad que ha decidido no utilizar armas.

El segundo indicador más alto es el de ausencia de delitos con 0.68 puntos, si lo contextualizamos a años anteriores con base a los informes del Instituto de estudios estratégicos y políticas públicas (IEEPP), la reacción de la policía ha sido la omisión acompañado con desinformación y ocultamiento de casos desde 2007, intensificando este accionar en los últimos años vinculada con la ausencia de protección a la ciudadanía lo que posibilita obtener buenas estadísticas de seguridad ciudadana.

Con los hechos actuales de incremento de la violencia común (robo con arma, asesinatos, feminicidio, etc.) podríamos prever una disminución de este indicador, a este se le suma el tercer indicador más alto el de libertad religiosa con 0.61 puntos, en razón de los ataques a la iglesia católica.

Con evidentes y múltiples hechos en estos indicadores, que se mantenían con puntuaciones altas, Nicaragua se enmarca para continuar bajando más escalones en lo que respecta al Estado de Derecho; un claro indicativo de falta de condiciones previas para un ambiente cívico para la celebración de la elección presidencial y parlamentaria.

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