Paz vs impunidad

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“La absolución del culpable es la condena del juez” Publio Sirio.

El horror en cifras.-  5,7 son los millones de víctimas a causa del desplazamiento forzado; 220.000 son los muertos; más de 25.000 los desaparecidos y casi 30.000 secuestrados. Estas son las cifras del horror causado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante las más de cinco décadas del conflicto armado que experimentó dicho país, de acuerdo con el informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”, presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Desde abril de 1948, cuando es asesinado en Bogotá el político liberal Jorge Eliécer Gaitán, Colombia comienza un violento proceso político y social. Sólo durante ese episodio denominado el “Bogotazo”, murieron al menos 3.500 personas en los combates que se extendieron una semana. Fue en esa época cuando comienza el período negro de la historia colombiana denominado “La Violencia”

Períodos sucesivos de derramamiento de sangre, violencia, represión, guerra de guerrillas y extermino, fueron determinantes para la puesta en escena en 1964 del grupo narcoterrorista FARC, que inicialmente comenzó como “autodefensa” y guerra de guerrillas contra el Estado colombiano, pero que “evolucionó” para convertirse en una organización narcotraficante y terrorista, con actividades ilícitas de minería ilegal, extorsión, siembra de minas antipersona, violaciones, asesinato de civiles, miembros del gobierno, secuestros y un sinfín de crímenes de lesa humanidad.

@FARC_EPueblo

Pacto con la muerte.- Las conversaciones entre el gobierno y las FARC para culminar el conflicto armado comenzaron a partir de 1998 durante la presidencia de Andrés Pastrana, acompañadas por gobiernos de varios países, sectores de la sociedad colombiana, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre otros.

Las mismas no llegaron a feliz término, entre varias razones por el otorgamiento al grupo armado de una zona desmilitarizada ubicada en la región de El Caguán, como condición para proceder con las negociaciones, sin antes realizarse un cese al fuego generalizado. Esto trajo como consecuencia que las FARC dominaran la zona sin control militar del gobierno e imponiendo sus propias leyes, además de lograr recuperarse militar, política y financieramente. ¿Ingenuidad política gubernamental o complicidad?

Esta negociación para poner fin al conflicto fue retomada por el gobierno de Álvaro Uribe sin mayor alcance, hasta que desde el 2011, Juan Manuel Santos decide continuar con el proceso, llevándose a cabo diversas reuniones entre Oslo (Noruega) y La Habana (Cuba), trayendo como resultado la firma de un acuerdo de paz lograda en septiembre de 2016.

Dicho acuerdo fue sometido a votación mediante un plebiscito celebrado en octubre del mismo año, en el que el pueblo colombiano, que ha sufrido y padecido de la sangre, muerte y terror de las FARC, debía decidir si aprobaba o no lo firmado entre las partes negociantes. El resultado: victoria del NO con 50,21% de los votos.

Un acuerdo sin acuerdo.- Pero ¿por qué gana el NO? Es acaso porque el pueblo colombiano quiere seguir sumergido en un ambiente de permanente zozobra, pánico generalizado, violencia y muerte por doquier, o porque simplemente entiende que la paz no puede conseguirse cediendo la justicia? ¿Querer la paz debe significar entonces perdonar incondicionalmente la atrocidad de los crímenes cometidos, y, además, proteger al verdugo, para que incluso pueda acceder a cargos públicos y tener representación política?

El acuerdo firmado entre las partes tuvo grandes críticas, entre las que se encuentran la garantía -o regalo- otorgada a las FARC de constituirse en partido político, con cinco (5) escaños en el senado y cinco (5) en la Cámara de Representantes durante los dos siguientes períodos legislativos, sin siquiera medirse electoralmente.  

Otras objeciones se centraron en que los culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad -tanto de las FARC como de las fuerzas del Estado- no necesariamente irían a la cárcel, sino que sus casos serían estudiados para verificar el tipo de pena, es decir, un trato diferenciado ante la ley, o ¿premio al delito?

A pesar de los resultados obtenidos en las urnas, se firmó un nuevo acuerdo entre las partes que no tuvo en consideración el clamor popular, y se materializó en noviembre de 2016, mediante el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, ratificado por el Senado y la Cámara de Representantes.

Mirando al Futuro: el 27 de mayo de 2018, se realizarán las elecciones presidenciales de Colombia. Los principales candidatos con opción de victoria son Sergio Fajardo, líder de la Coalición Colombia con una intención de voto del 15,7 % e Iván Duque, representante del Centro Democrático con 11,3%, partido político fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, y que ha manifestado abiertamente su rechazo al acuerdo de paz alcanzado con las FARC y su intención de reestructurarlo de llegar a la presidencia.

Estas elecciones serán inéditas en la historia política de Colombia, ya que será la primera vez en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertidas en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se medirán electoralmente, con su líder y candidato presidencial Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”.

Esta, más que una prueba para FARC como partido, será un reto para la sociedad colombiana de otorgarle apoyo político y electoral a una organización con un historial plagado de crímenes, violaciones a los Derechos Humanos, narcotráfico, terrorismo y un sinfín de crímenes y atrocidades. Esta será la oportunidad del pueblo colombiano de decidir si la paz y la lucha social debe conseguirse a costa de la impunidad, o si, por el contrario, la justicia debe prevalecer, ante todo, manteniendo y respetando el espíritu democrático y republicano.

Sin duda, son muchas las expectativas de dichas elecciones presidenciales. Están en juego no sólo la victoria de una facción política u otra, sino la determinación de un pueblo luchador pero a la vez mártir de un proceso que lo mantuvo cautivo por décadas, y que pretende instaurarse en las anclas de la política colombiana. Definitivamente en mayo de 2018, veremos las tres caras de la moneda de la política colombiana. 

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