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Pobreza, inseguridad alimentaria y violencia motivaron migración de centroamericanos

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La pobreza, la inseguridad alimentaria, los choques climáticos y la violencia empujaron a un promedio anual estimado de 378.000 centroamericanos a migrar a los Estados Unidos durante los últimos cinco años, destaca un nuevo informe presentado este martes por Migration Policy Institute (MPI), el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) y el Civic Data Design Lab at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El precio que se paga en costos humanos y económicos es alto, incluyendo un estimado de US$2.2 mil millones al año para viajar de manera regular e irregular. Este informe conjunto, preparado sobre la base de una encuesta de miles de hogares en tres países centroamericanos (El Salvador, Guatemala y Honduras), analiza en profundidad las motivaciones y los costos de la migración.

Los datos, recopilados a través de encuestas presenciales y en línea, revelan un aumento de más de cinco veces, en solo dos años, en el porcentaje de personas que consideraron migrar internacionalmente: 43% en 2021 frente al 8% en 2019. Sin embargo, solo una fracción -un 3%- en realidad hizo planes concretos para migrar. La separación familiar y los altos costos asociados con la migración fueron citados como elementos disuasorios para migrar.

La mayoría de los migrantes, el 55%, habrían contratado a un traficante a un costo promedio de US$7.500 por persona, mientras que la migración a través de canales legales tuvo un costo de US$4.500. Para el 89% de personas, Estados Unidos era el destino previsto.

El informe arroja luz sobre los vínculos entre la inseguridad alimentaria y la migración desde Centroamérica, y señala que las personas que padecen inseguridad alimentaria tienen tres veces más probabilidades de hacer planes concretos para migrar que las personas que no enfrentan esta situación.

La inseguridad alimentaria ha experimentado un aumento dramático en Centroamérica mientras que las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 y la pobreza siguen haciendo difícil que las familias puedan alimentarse. De hecho, el número de personas en inseguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras se triplicó, según estimaciones del WFP a octubre de 2021, hasta alcanzar 6,4 millones en comparación con los 2,2 millones de personas en 2019.

Además, los flujos migratorios se vieron afectados por la violencia y la inseguridad, así como por los choques climáticos, como sequías severas en el Corredor Seco centroamericano y tormentas más frecuentes y fuertes en el Atlántico. Los devastadores huracanes gemelos que azotaron Centroamérica en noviembre de 2020 son dos grandes tormentas que contribuyeron al deterioro de las condiciones de vida de poblaciones que ya eran vulnerables.

Si bien el informe destaca los factores que impulsan la migración desde Centroamérica, también presenta a los gobiernos un plan para abordar sus causas fundamentales, incluidas iniciativas que están vinculadas a la recuperación económica, los medios de vida y la seguridad alimentaria para las personas que tienen más probabilidades de migrar de manera irregular.

La ampliación de los programas nacionales de protección social que ayudan a aliviar la pobreza y erradicar el hambre de las poblaciones en riesgo es clave para frenar la migración. Por ejemplo, las transferencias en efectivo son un salvavidas para las personas vulnerables, ya que permiten a las familias satisfacer sus necesidades esenciales. Los programas de alimentación escolar ofrecen más que un plato de comida. Apoyan la agricultura local y representan ahorros para las familias pobres.

Además, el informe recomienda iniciativas de inversión y desarrollo que se adapten a las necesidades de la comunidad, dando a las personas la opción de buscar oportunidades en casa. Estos incluyen programas para pequeños agricultores con el fin de aumentar la resiliencia a los choques climáticos, diversificar los cultivos e impulsar la producción, así como programas de capacitación laboral para jóvenes y mujeres en áreas rurales y urbanas. La creación de incentivos para que la diáspora invierta en obras públicas en las comunidades locales amplificaría el impacto de las remesas más allá de los hogares individuales.

El informe recomienda que Estados Unidos y otros países de destino de migrantes en la región amplíen las vías legales para los centroamericanos, por ejemplo, aumentando el acceso a visas de empleo temporal para que la migración irregular prefiera usar los canales legales.

 

 

Fuente: Informe OAS

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