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El modelo de la Justicia transicional en Nicaragua

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 La justicia transicional ha sido un tema en Nicaragua que adicionalmente a una ausencia de discusión con la profundidad que se requiere, los actores políticos deciden compartir ante medios de comunicación discursos de modelos de justicia transicional que han sido fallidos en su implementación en todas las aristas que la comprenden. Desde lo técnico, jurídico, político e inclusive el tema económico, este último siendo determinante para poder activar los demás componentes de un modelo.

El término justicia transicional no cuenta con una conceptualización estándar a raíz de diversas corrientes doctrinarias que vienen a limitar o ampliar modelos aplicables de justicia post conflicto. De forma simplificada, podemos aducir que la justicia transicional es un proceso especial jurídico y social que tiene como propósito la restauración integral de espacios, individuos o grupos, que han sido altamente afectados por graves violaciones de derechos humanos.

La experiencia nicaragüense en el tema de los procesos de post conflictos, ha estado cubierta bajo la ilusión de las auto amnistías, estos procesos han estado condicionados y alejados de las normas de derecho internacional de los derechos humanos. Las amnistías son leyes meramente políticas que surgen de pactos entre las elites políticas con la intención de continuar sutilmente o no con prácticas antidemocráticas.

Las instituciones de Naciones Unidas reguladas por el derecho internacional de los derechos humanos como el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad en sus diferentes informes reconocen el término amnistía pero esta figura, en ningún momento puede aplicarse a crímenes internacionales, va en contra de la normativa internacional.

Al momento de la implementación de estos modelos tradicionales de justicia transicional, los actores políticos limitan mediante ley o decreto las actuaciones de los órganos creados para investigar, procesar y condenar a los responsables, son órganos que no cuentan con una competencia judicial real. Como consecuencia de esta limitación, surge la falta de capacidad e inclusive independencia, en pocas palabras se extiende la politización de la justicia en los procesos de post conflictos.

Hay varios ejemplos de modelos de justicia transicional en África y en América Latina, a los que no ha sido incorporado el derecho internacional de los derechos humanos como fuente para la determinación de los hechos, el examen para el grado de las penas y su posterior condena por consiguiente, las sentencias o resoluciones que han sido emitidas, carecen de una visión holística, al no considerar los criterios mencionados. Se favorece al perpetrador y se limita a reparaciones individuales tradicionales.

Antes de pensar y elaborar un modelo de justicia transicional como parte del deber de instauración de un proceso democrático y como obligación internacional, los actores políticos deben otorgar a la ciudadanía y particularmente a las víctimas y sus familiares, una adecuación del ordenamiento interno a los estándares en derecho internacional público.

El deber de investigar graves violaciones de derechos humanos no debe percibirse como una simple gestión de los órganos competentes, es un deber jurídico que debe contar con una estrategia; no debe sostenerse e impulsarse únicamente por el impulso de las víctimas que comprende un proceso socioemocional desafiante.

En este sentido se debe asignar un porcentaje considerable a estos órganos para fortalecer esta acción tan necesaria con las debidas normativas de rendición de cuentas y datos abiertos útiles. Otra de las críticas a los modelos de justicia transicional es la creación de comisiones de la verdad cuasi-independiente en razón de adoptar decisiones conforme a los intereses políticos del gobierno de turno, estas instituciones se deforman y pasan a ser extensiones de las fuerzas políticas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia de Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador del 4 de julio de 2007 manifiesta que: No puede omitirse la obligación de investigar judicialmente, no se puede sustituir los procesos judiciales porque afectan el debido cumplimiento de los derechos de los familiares y las víctimas.

La instalación de comisiones de la verdad no debe impedir la acción penal, es decir un proceso judicial donde se promueven investigaciones, la obtención de pruebas y la sanción debida a los autores de graves violaciones de derechos humanos. La falta de sanción en hechos que constituyen crímenes internacionales las autoridades gubernamentales contribuyen a la impunidad y la posibilidad de nuevos conflictos.

Es difícil poder lograr conseguir una justicia transicional cuando los fantasmas políticos del pasado continúan interfiriendo en los procesos de búsqueda de la justicia real que presupone uno de los elementos para mantener la calidad democrática. En dependencia del escenario que se logre tener, la ciudadanía nicaragüense debe valorar si decide un modelo de justicia transicional nacional e internacional (híbrido), únicamente nacional o acudir a los tribunales internacionales.

Si se decide optar al modelo nacional o híbrido, la ciudadanía debe demandar a las próximas autoridades que el Estado se apegue al Estatuto de Roma, instrumento internacional que permite a la Corte Penal Internacional (CPI) examinar casos de graves violaciones de derechos humanos, este será un mecanismo subsidiario en caso que el modelo de justicia transicional fracase.

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