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Desalojos de viviendas: otra consecuencia de la pandemia

El desempleo generado por el COVID-19 ha hecho que muchas familias san desalojadas de sus viviendas. Trabajo conjunto de las comunidades y atención por parte de las autoridades pueden evitar que la situación empeore

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El Valle Central de California, la región de más rápido crecimiento del estado con 7,2 millones de habitantes, ha sido durante mucho tiempo visto como un santuario de renta baja en medio de una crisis de viviendas asequibles.

Pero los datos muestran que la narrativa es falsa: el Valle realmente tiene el nivel más alto de hogares con carga de renta (gente que paga más que la mitad de sus ingresos por alquiler) y las tasas de desalojo más altas de California, y prácticamente ninguna de las leyes de protección del inquilino permanente.

Los inquilinos se están yendo, especialmente las mujeres de color con niños, que se ven afectadas de manera desproporcionada por los desalojos.

Las principales demandas son el derecho civil a tener un abogado, el fin del estigma de siete años en los registros de alquiler y crédito de los inquilinos, y el establecimiento de fondos fiduciarios de vivienda para aumentar la propiedad comunitaria de tierras y viviendas.

El Valle ofrece un microcosmos de cambios de política que podrían ayudar a estabilizar la vivienda en las comunidades más afectadas por la ausencia de viviendas asequibles en todo el país.

Cifras que engañan

El profesor Edward Orozco, de University of California Merced Community, basado en el reporte de una reunión que sostuvo en la localidad de Fresno, asegura que “Hay un crecimiento grande, pero está compartiendo con baja de salarios. Se necesita un crecimiento económico. Hay que traer más negocios y fuentes económicas”.

Agrega que existe una crisis de desalojo en medio de la pandemia; pero desde antes el lugar estaba plagado de una tasa de dueños de propiedades muy bajas, conjuntamente con grupos familiares muy numerosos.

Ese estado suroccidental presenta contrasentidos. Vive por un lado, un crecimiento favorable y sostenido: de 2012 a 2103, un 2.7%; de 2013 a 2014, un 3.1% y un 4.1% de 2014 a 2015. Superó ampliamente a Texas, Nueva York, Florida e Illinois, las cuatro entidades que le siguen en la lista, con la excepción de Texas en 2013.

Sin embargo, la alta cantidad de habitantes por vivienda es un gran peso. Hay 9.3 familias múltiples por cada 100 hogares en California. En el Valle Central, la cifra se eleva a 10.7 familias múltiples por cada 100 hogares; la segunda más alta de la entidad. Solamente es superado por el sector de Inland Empire, a 11%.

En cuanto a la tasa de propiedad de la vivienda, en el Valle es de 54%, la más baja de la nación; incluso por debajo de Nueva York. Pero aquí Orozco destaca una particularidad: muchas de esas casas propias son compartidas por más de un grupo familiar, lo cual convierte a la cifra en engañosa.

Las tasas de viviendas en condición de alquiler están entre las tres más altas de la nación. “Se dice que las rentas son bajas, pero los salarios son a su vez los segundos más bajos en el estado. También hay altas tasas de desempleo”, comenta Orozco.

Entre las razones para esta disparidad se puede encontrar que muchos de estos trabajos son de los llamados esenciales, como agricultura o procesar alimentos. Estos trabajos habitualmente pagan menos. Muchos de estos empleados ni siquiera pueden comprar su propia comida, deben confiar en las estampillas de alimentación.

Muchas familias padecen de lo que se llama “rent burden” o carga de alquiler, que sucede cuando se gasta más del 30% en renta. Hay otros casos incluso peores, en los cuales este egreso supera el 50%.

Según Orozco, “La mitad de las viviendas han tenido reducciones en sus ingresos o han perdido sus trabajos como consecuencia de la circunstancia de pandemia que estamos enfrentando”. Aconseja renovar la moratoria de desalojos, para evitar un elevado número en los próximos meses.

Millones de personas en riesgo

Janine Nkosi, consejera regional de Faith in the Valley, trabaja colectivamente por lograr la justicia económica en las comunidades. Son estudiantes y residentes, que entre otras labores han documentado los problemas de vivienda y desalojo en el Valle Central de California. “Esto es importante, porque las autoridades siempre nos piden evidencia de lo que está pasando”. Detalla que esto ayuda a presionar a representantes locales para buscar soluciones.

Desde antes del COVID-19 ya existía una crisis al respecto. “Para 2019, con bajo desempleo y antes de la recesión, teníamos 12 mil casos de desalojo sometidos a corte. Tal vez hubo el doble de desalojos y pasaron inadvertidos. Ahora la crisis es peor. A partir de abril de 2020 se dispararon las solicitudes de ayuda por desempleo, con un pico en septiembre”, revela.

“Si no hay ayudas, estamos ante 100 mil viviendas vulnerables al desalojo. Son por lo menos 300 mil personas”. Más del 55% de las familias que temen no conseguir el dinero para pagar su renta el próximo mes, tienen niños.

Hoy hay en el país 28 millones de familias en riesgo de desalojo, según Ojeda.

Testimonios

Jessica Ramírez es una residente de Fresno, trabajadora y madre de seis, graduada de escuela secundaria que aboga por su comunidad. Pide ayuda porque “solamente toma un desalojo cambiar la vida de alguien”. Ella lo sabe porque lo vivió.

Llegó a quedar sin hogar, no encontró donde vivir con sus hijos. “No deseo que nadie pase por esto”. Este año tuvo que salir de su casa nuevamente. No pudo seguir pagando y el dueño le pidió que se fuera.

En abril fue a su primera reunión sobre consejería legal. Quiere dar su testimonio para ayudar a los afectados. “Fue una experiencia increíble. He hablado en radio y asistido a reuniones. Estamos en una época terrible y la gente necesita ayuda”.

Por su parte Claude Bailey, ministro de iglesia y residente mayor de Stockton, estuvo viviendo en su apartamento por más de 20 años y pagando a tiempo. Llenó documentos para solicitar la asistencia de las Sección 8; pero no calificó. Le dieron plazo límite hasta el pasado 8 de noviembre para irse. Esto lo afectó mucho. Afirma haber sido maltratado en el lugar que consiguió, por lo cual se quedó viviendo en su carro.

“Fue una pesadilla. Cada vez que intentaba dormir, venía la policía y me decía que tenía que irme. También fui asustado por maleantes”. Perdió peso porque tenía miedo de comer, no tenía dónde ir al baño.

“Al menos yo tenía un carro, pero he visto a mujeres, a personas mayores, cubriéndose con cartones en la calle. Son personas que han trabajado duro, que han construido este país. A veces viene guardias que simplemente les quitan el cartón. Si es esto a lo que hemos llegado, que Dios nos ayude”, lamenta.

Bailey se enfocó en no perder su autoestima. “Yo soy alguien”, se repetía a sí mismo. Y advierte que esto le puede pasar a cualquiera. “La vida es un círculo”. Aconseja cuidar a las personas mayores, quienes pagaron sus impuestos toda la vida. “Ayúdennos. Es todo lo que quiero decir”.

Blanca Ojeda, es organizadora comunitaria de Faith in the Valley. Trabaja organizando en su condado y comparte la historia de una de las residentes que ayudó. “No diré su nombre porque no tiene documentos. Es trabajadora, esposa y tiene 2 hijos pequeños”. Vivían en un trailer y cuando la pandemia empezó, su esposo trabajaba en una granja de leche y ella era trabajadora agrícola estacional, lo cual le exigía moverse con sus niños.

El dueño de la propiedad decidió venderlo todo y le dijeron que tenía dos meses para encontrar un nuevo lugar. Allí se dieron cuenta de que sus ingresos los limitaban.

“Desde Faith In The Valley trabajamos para conectarlos con recursos legales y finalmente lograron contactar con el dueño de una nueva propiedad”, cuenta satisfecha. “Empezamos a abogar a nivel local para que haya programas de alquileres, hipotecas y servicios».

Con otros aliados trabajamos incluso en beneficios accesibles a personas indocumentadas. «Aunque esperamos que esto sea algo de alivio, debemos prepararnos para lo que viene. Esperamos una ola de desalojos y estamos trabajando en eso».

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