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Corrupción y desigualdad: desafíos para una democracia moderna

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La corrupción y la desigualdad son temas de gran preocupación para toda sociedad  que quiere avanzar hacia el desarrollo: ambas  se refuerzan mutuamente. Se genera una retroalimentación entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y la desigualdad en la distribución de la riqueza.

La corrupción no es propia de un país, tampoco es exclusiva del gobierno: puede presentarse tanto en regímenes autoritarios como en administraciones democráticas, en fin, es un problema sistémico y por lo tanto el enfoque de solución también requiere de un abordaje sistémico.

La falta de transparencia en el manejo y uso de los fondos públicos constituye no solo un problema ético y moral, sino esencialmente un obstáculo práctico para el desarrollo democrático que impide una justa distribución e inversión de la riqueza que produce un país.

En busca de solucionar esta situación hay muchos esfuerzos que se han estado realizando, y muchos países se comprometen a crear políticas públicas para combatir este mal. En ese sentido la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción platea en el capítulo que trata de la prevención, que los Estados partes implementen políticas efectivas contra la corrupción, promuevan la participación de la sociedad y demuestren los principios del Estado de Derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros. Sin embargo, pese a todo este esfuerzo, la corrupción sigue campante, tal y como lo refleja la última investigación realizada por Transparencia Internacional, que ofrece datos en los cuales la población debe poner toda la atención posible.

Transparencia Internacional al hacer público el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016 hace un llamado urgente a los países de todo el mundo para “abordar el círculo vicioso de corrupción y desigualdad” El informe plantea que casi una de cada tres personas en América Latina pagó sobornos para acceder a los servicios públicos como educación, salud o justicia en 2016, según el último barómetro de la ONG Transparencia Internacional (TI).

El sondeo, realizado a domicilio a más de 22.000 personas de 20 países de América Latina y el Caribe, señala que el 29% de los ciudadanos que han usado seis servicios Públicos (educación, atención médica, adquisición de documentos de identidad, policía, servicios básicos y tribunales) pagaron algún tipo de soborno en los últimos 12 meses.

Esta simple práctica de corrupción sin lugar a duda es un obstáculo que impacta de manera negativa la función social del Estado, por lo que es necesario establecer mecanismos de control para corregir esta situación.

Pixabay

Ese porcentaje representa a unos 90 millones de personas. Según el barómetro, la práctica corrupta no distingue entre género ni clase social.

Estamos conscientes de que ningún país, más allá de su nivel de desarrollo, está libre de la corrupción. Pero son, sin duda, los países con un menor grado de desarrollo los más afectados. Al desviarse los recursos destinados al desarrollo, la corrupción limita la satisfacción de necesidades fundamentales, como la alimentación, la salud y la educación, así mismo, generan discriminación entre diferentes grupos de la sociedad, potencia la desigualdad y obstaculiza el crecimiento.

Estamos por lo tanto ante un obstáculo importante a la estabilidad política y al desarrollo social y económico, un obstáculo al que requiere de un empoderamiento ciudadano, donde la transparencia y la rendición de cuentas  sean el accionar cotidiano de los gobiernos y no la excepción.

Ante esta situación aspiramos a vivir en una región en la cual la mayoría de los políticos coloquen la dignidad y el bien común por encima de “la diosa de la corrupción”, como la llamara en su momento el Papa Francisco. Pero para lograr ese cambio de cultura, será necesario que un día tomen las riendas del poder  gobernantes libres de compromisos de repartición del Estado como simple botín, a quienes no les tiemble el pulso a la hora de ser implacables en la aplicación de la ley contra los corruptos, incluyendo a sus aliados, porque la corrupción atenta contra el Estado de derecho, retarda la consolidación de la democracia y el desarrollo y corroe las instituciones. Un peso en manos de la corrupción es un peso menos para la salud, educación o vivienda.

Aspiramos a vivir en una sociedad sobre la base de principios y valores democráticos, donde se vea la función pública como una oportunidad de contribuir a vivir en una mejor sociedad. Cuando así sea, entonces y solamente entonces, cerraremos la brecha de la desigualdad.

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1 Comentario
  1. Jorge R Dice

    En realidad no son causas sino consecuencia de la falta de valores sociales. Una de las formas de nutrirse de estos valores es a través de llevar una vida cristiana pero esto igualmente ha sido desechado por muchos. Se crea entonces un individuo sin ciertos límites con el agravantes de que social-culturalmente la corrupción es aceptada y además procuradas por algunos y la falta de solidaridad y amor por el prójimo paraliza los esfuerzos que se deben realizar por los más necesitados. La política considera que pueden salvar se está situación pero experiencia y realidad actual demostraron lo contrario. La única salida real y verdadera es que cada individua cambie en lo individual su vida y esto es posible si cree en Jesucristo y camina de acuerdo a sus mandamientos los cuales trazas un actitud diferente en los son eres humanos.

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