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CIDH y la reelección presidencial

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha participado en la Audiencia pública de la Opinión consultiva (OC) 28 de la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH) relativa al tema de la reelección indefinida.

La CIDH al igual que otras delegaciones como la Secretaria General de la OEA, presentaron sus observaciones al presente tema. Por tema de síntesis, únicamente me enfocaré en la observación de la CIDH, específicamente en el punto de “restricción” a los derechos políticos. La CIDH invoca las decisiones de la Corte en los fallos de Yatama vs Nicaragua y Castañeda Gutman vs México.

En ambas sentencias se determina que los derechos políticos no son absolutos, cuentan con limitaciones en una sociedad democrática, que implica apegarse a un proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de principios de sufragio.

La CIDH determina los siguientes elementos para la restricción de las elecciones indefinidas: 1) garantizar el principio de alternancia en el poder 2) impedir la concentración de poder 3) garantizar el derecho a participar en condiciones de igualdad en un proceso electoral, así como la autenticidad de las mismas.

En sus conclusiones ratifica que no existe un derecho humano a la reelección por el contrario, manifiesta que los períodos de gobierno extensos, suponen un riesgo para la democracia y los derechos humanos.

Si nos trasladamos a la realidad nicaragüense, prácticamente impacta sobre la sentencia de 2009/2010 de la Corte Suprema de Justicia, al aducir que si existe un derecho humano a la reelección, amparado en la “igualdad ante la ley” que supuestamente posee Daniel Ortega.

Así como lo determina la Comisión Interamericana, a estos casos, se debe aplicar el principio de alternancia en el poder, visto como un mecanismo para que exista una verdadera calidad democrática.

Nicaragua es el mejor caso de estudio, para observar los efectos nocivos de la reelección presidencial indefinida, se ha alejado y aniquilado los preceptos de la democracia y ha asumido un sistema totalitario a través de una política de bloqueos políticos, legales y comunicacionales a la oposición adicional a las políticas represivas formalizadas en 2018 dirigidas a la ciudadanía y una supremacía electoral al controlar al Consejo Supremo Electoral (CSE) y demás poderes del Estado.

En los sistemas autoritarios y totalitarios del Siglo XXI particularmente en latinoamérica, tergiversar el orden constitucional ha sido la mejor estrategia para mantenerse en el poder, han observado que la vieja práctica de los golpes de estados, significa dar pasos cortos a los deseos de incrustarse en el poder y repercute de la misma forma a un desconocimiento internacional automáticamente.

Nicaragua debe terminar con cargos vitalicios y dinásticos disfrazados de reelección indefinida a cargos públicos, así se logra concretar el inicio de un proceso democratico.

Entre finales de junio e inicios de julio de 2021, se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emita su resolución de la Opinión consultiva. Analizando las fundamentaciones de las diversas delegaciones, existen altas probabilidades de que la Corte ratifique la inexistencia de un derecho humano a la reelección.

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