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CIDH expone violaciones de derechos humanos a detenidos en Nicaragua

El gobierno de Nicaragua se ausentó de la sesión de la CIDH este viernes, en donde se cuestionó las violaciones de derechos humanos.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este viernes una sesión ordinaria en donde se expuso la situación de personas en Nicaragua a quienes se les han otorgado medidas cautelares desde que empezó la crisis en 2018.

Edgar Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quien estuvo a cargo de la sesión, dio la palabra a organizaciones de la sociedad civil ante la ausencia de representantes del gobierno de Nicaragua.

Carmen Herrera, del Instituto de Raza e Igualdad, destacó que gran parte de las personas beneficiarias de medidas cautelares fueron detenidas entre 2018 y 2021 por ejercer sus derechos a la protesta cívica, libertad de expresión y derecho de reunión.

“Gran parte de los presos políticos participaron de las protestas y fueron detenidos con un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza al punto de sufrir lesiones físicas que aún no han sido atendidas adecuadamente”, lamentó Herrera.

La activista dijo que las medidas cautelares abarcan a 60 personas, de las cuales 44 continúan privadas de libertad por motivos políticos y sólo siete han sido excarceladas.

“Las nueve personas restantes son familiares, incluidos cinco niños, niñas y adolescentes. Quienes nos encontramos aquí representamos a 56 de los beneficiarios. Estas personas fueron detenidas entre 2018 y 2021 por ejercer sus derechos a la protesta cívica, libertad de expresión y derecho de reunión”, contabilizó Herrera.

Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, manifestó que la situación de salud de las personas presas políticas en el país sigue siendo crítica.

Además recordó que la CIDH refirió al Estado en sus resoluciones de otorgamiento de las presentes medidas que garantiza el acceso a una evaluación médica especializada sobre su situación actual de salud y que se les otorgue tratamiento y los medicamentos necesarios.

Subrayó que ninguna de las personas beneficiarias de estas medidas cautelares debería estar privada de libertad.

“Consideramos que, como ya lo ha ordenado la Corte Interamericana en los casos de otras personas privadas de libertad por motivos políticos, esta ilustre Comisión debería solicitar su liberación inmediata”, agregó.

Expuso que sólo esto permitiría evitar “que se sigan materializando los daños a los derechos a la vida e integridad que llevaron a las representaciones a solicitar las medidas cautelares”.

En ese sentido Karina Sánchez, de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres de Derechos Humanos, subrayó que “el régimen” ha desatado desde abril del 2018 una “represión” que ha sido generalizada, “sistemática y profundamente patriarcal”, y puno de los principales objetivos han sido las mujeres que defienden derechos.

Puede leer la nota completa aquí en VoA Noticias

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