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Activistas de DDHH alertan sobre 5 casos de matrimonios forzados al sur de México

Denunciaron que las autoridades federales y estatales no toman en cuenta a las comunidades indígenas y mucho menos llegan a estas localidades

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En lo que va de noviembre del corriente año, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha registrado cinco casos de matrimonios forzados en el municipio de Cochoapa El Grande, en el estado de Guerrero, al sur de México.

Mediante un comunicado, Tlachinollan señaló que “estos casos suceden de forma constante en varias comunidades indígenas de La Montaña y no hay autoridades que atiendan con presteza y eficacia a las niñas que son víctimas de matrimonio forzado”.

En detalle, se reveló el caso de Anayeli, originaria de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, que pertenece al pueblo Na Savi, quien el lunes pasado fue negociada por un primo que pidió 200 mil pesos, equivalentes a 9.300 dólares a cambio de ella en matrimonio.

Con 15 años de edad, huérfana de padre y una madre con deudas por los gastos funerarios tras el asesinato de su esposo, Anayeli decidió huir en medio de las festividades de la comunidad por su unión con otro menor de edad que no conocía.

La costumbre es sacrificar una res para compartirla entre las dos familias, autoridades, amigos y vecinos. Sin embargo, un familiar le aconsejó a la adolescente huir y así lo hizo. Ante el desaire, fue denunciada y luego detenida por la Policía Comunitaria, junto con tres personas más, incluido un menor de edad.

Tlachinollan supo del caso mediante una denuncia anónima y acudió a la comunidad junto con personal de la Fiscalía de Guerrero y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La organización manifestó que la visita “evidenció la inoperancia de los planes y programas que se han implementado a nivel federal y estatal orientado a erradicar la violencia contra las mujeres”.

“Las autoridades federales y estatales no toman en cuenta a las comunidades indígenas y mucho menos llegan a estas localidades. Todo lo quieren resolver con oficios escritos en español que no se leen porque la población mayor es analfabeta”, criticó.

¿Hay estrategias de prevención?

El pasado 10 de noviembre la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto con los 21 presidentes municipales de la región, funcionarias del Gobierno Estatal, el Gobierno Federal y representantes de ONU Mujeres anunciaron una Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de la Montaña y Costa Chica.

Al respecto, Tlachinollan denunció que “lamentablemente este evento no tomó en cuenta a las mismas mujeres indígenas que han sufrido estos agravios, se les excluyó del programa donde supuestamente se protegerán sus derechos. Las consecuencias son fatales porque en las comunidades indígenas nada ha cambiado, en cuanto a la protección de los derechos de las niñas contra los matrimonios forzados”.

Evelyn Salgado declaró en una entrevista esta tarde que Anayeli y el menor de edad que fue detenido junto con ella ya están bajo resguardo del DIF Estatal.

El caso de Angélica

Otra historia de niñas indefensas que son obligadas a contraer matrimonio. Hace 45 días se registró en la misma comunidad el caso de Angélica que también fue víctima de matrimonio forzado y que fue ultrajada por su suegro Rutilio, ante la ausencia de su hijo. La privaron de su libertad, acusándola de haberse robado unos huipiles y exigían que su papá regresara el dinero que habían pagado por ella. Contó con el apoyo de su tía quien tuvo el valor para denunciar esta violación y acusar a las autoridades de privarla de su libertad.

Estos casos suceden de forma constante en varias comunidades indígenas de la Montaña y no hay autoridades que atiendan con presteza y eficacia a las niñas que son víctimas de matrimonio forzado. El pasado 10 de noviembre la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, junto con los presidentes municipales de la región y algunas titulares de las secretarías del gobierno del estado, acompañadas por el Instituto Nacional de Mujeres y la ONU Mujeres, anunciaron una estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de la Montaña y costa Chica.

Lamentablemente, este evento no tomó en cuenta a las mismas mujeres indígenas que han sufrido estos agravios, se les excluyó del programa donde supuestamente se protegerán sus derechos. Las consecuencias son fatales porque en las comunidades indígenas nada ha cambiado, en cuanto a la protección de los derechos de las niñas contra los matrimonios forzados.

El martes 23 de noviembre como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan nos organizamos para acudir a la comunidad de Joya Real, con el fin de atender el caso de Anayeli.

La ONG invitó al personal de la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se garantizara la libertad de la menor. Esta visita evidenció la inoperancia de los planes y programas que se han implementado a nivel federal y estatal orientado a erradicar la violencia contra las mujeres.

Las autoridades federales y estatales no toman en cuenta a las comunidades indígenas y mucho menos llegan a estas localidades. Todo lo quieren resolver con oficios escritos en español que no se leen porque la población mayor es analfabeta.

Urge comunicación

Por lo mismo se requiere establecer una comunicación en las lenguas maternas para escuchar y atender los reclamos de las familias que se encuentran sumidas en la pobreza. Se requiere un trabajo al interior de las comunidades, con personal que conozca la cultura y los derechos de los pueblos indígenas, que esté dispuesta atender sus necesidades y a defender los derechos de las niñas.

Fuente: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

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