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ACNUR: Refugiados venezolanos enfrentan deterioro de condiciones de vida por pandemia

El organismo hizo un llamado a los países para que se comprometan a brindar su apoyo

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La agencia para los refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) informó que entre el 80% y el 90% de los venezolanos asentados en países de Suramérica han perdido sus empleos durante la pandemia, sobre todo los que trabajaban en la economía informal.

El organismo además detalló que a la crisis que ya viven con el COVID-19, ahora este grupo de migrantes tendrá además que enfrentar los estragos del invierno en sus países de refugio lo que podría provocar “un aumento de la pobreza y los desahucios”, entre otras vicisitudes.

Apoyo

Juan Carlos Murillo, representante regional de ACNUR para el sur de América Latina destacó que, pese a los esfuerzos de los países de acogida, “se requiere más apoyo para hacer frente a las crecientes necesidades».

Es por tal razón que el organismo hizo un llamado a los países para que se comprometan a brindar su apoyo.

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Créditos: Wikimedia Commons

El pronunciamiento llega en el marco de la celebración de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, organizada por Canadá para este jueves 17 de junio.

La agencia de las Naciones Unidas estima que los migrantes y refugiados venezolanos viviendo en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, ascienden a los dos millones.

Proceso de expulsión de venezolanos en Chile

Simultáneamente al reporte de ACNUR, la ONU expresó su preocupación ante “el proceso de expulsión de venezolanos en Chile.

Pese a reconocer y respetar la soberanía del Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso a su territorio, la agencia apuntó que es necesario que “las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados”.

Chile deporta a más de 100 inmigrantes irregulares, la mayoría venezolanos
Créditos: Fuerza Aérea de Chile

Al mismo tiempo, recordó que “todas las personas sujetas a un expediente de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso, incluyendo la de sus necesidades de protección internacional y de evaluar el riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad”.

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