Miercoles, 24 de Mayo del 2017

 

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23 GNB han sido imputados por muertes y lesiones durante protestas en Venezuela

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La sospecha y la desconfianza han sido el estado natural de muchos venezolanos luego de que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz denunciara, el pasado 31 de marzo, que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia representaban una violación a la Constitución, dando pie al inicio de 48 días continuos de protestas en el país.

Sin embargo, la actuación del Ministerio Público durante las manifestaciones parece disipar no sólo las dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones, sino que incluso contradice versiones del gobierno de Nicolás Maduro, principalmente del ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en el sentido de que la violencia y las muertes son generadas por los propios manifestantes buscando producir "falsos positivos".

De las 39 imputaciones que ha hecho hasta el 18 de mayo el Ministerio Público, 23 involucran a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el cuerpo que más críticas ha recibido por los excesos en la contención de las manifestaciones.

La Fiscalía pidió privativa de libertad para 14 GNB que actuaron el 11 de abril durante la protesta en Cabudare, estado Lara, en la que el joven Gruseny Antonio Canelón recibió un disparo de perdigones a quemarropa que le causó destrozos en el área abdominal, produciéndole la muerte dos días después.

El Ministerio Público también anunció que presentará a seis GNB por el ataque a tiros el miércoles 17 de mayo en el comedor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Aragua, que terminó con un saldo de seis estudiantes heridos.

Tres sargentos segundos de la GNB fueron imputados por la muerte de Manuel Castellanos, de 46 años, que recibió un disparo en el cuello, extraoficialmente de fusil de asalto ligero, en la localidad tachirense de Tucapé, también el 17 de mayo.

Más del 75% de las imputaciones se han presentado contra efectivos de organismos de seguridad, pues aparte de los 23 GNB se han formulado acusaciones contra cuatro agentes de la Policía Nacional Bolivariana, cinco de cuerpos regionales y un oficial del Ejército.

El Ministerio Público tratará de demostrar la culpabilidad de dos oficiales de la PNB en la muerte del joven Luis José Alviárez, de 18 años, ocurrida en Palmira, estado Táchira, el 15 de mayo, de uno en la de Jairo Ortiz (19), primera víctima de las protestas el 6 de abril en Carrizal (Miranda) y de otro en las lesiones con arma de fuego a un menor de edad en Táchira el 2 de mayo.

De los efectivos regionales, uno pertenece a Poli-Táchira y tres a Poli-Carabobo. El primero fue imputado por la muerte de Diego Hernández (33) en Capacho el 15 de mayo. Del segundo cuerpo, un agente tendrá que responder por la responsabilidad en el disparo que le segó la vida a Christian Ochoa (22) el 25 de abril y dos más por el deceso de Daniel Quéliz (20) el 10 de abril, ambos hechos ocurridos en Valencia.

Un quinto policía, en este caso municipal, fue presentado en relación con la muerte de Carlos José Moreno (17) el 19 de abril, un joven asesinado por colectivos en la Plaza La Estrella de San Bernardino cuando se dirigía a una práctica de fútbol, cerca de una concentración de la oposición. Junto al oficial en jefe de Poli-Sucre Jonathan Camacho, fue imputado también Alexander José Linares, civil que al igual que el uniformado pertenecería al colectivo "5 de Marzo".

Un sargento segundo del Ejército quedó detenido, junto a un funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el conductor Fercen Cedeño, por el arrollamiento de la estudiante de medicina Oriana Wadskier en Calabozo, estado Guárico, el 9 de mayo, durante una actividad opositora.

Aparte de los 33 efectivos de cuerpos de seguridad, han sido imputados cinco civiles: Linares, Cedeño, Misael Estrella (a quien se responsabiliza de causar heridas mortales con arma de fuego al efectivo de Poli-Carabobo Gerardo Barrera el 4 de mayo en San Joaquín), Jesús Albi Zambito (desde cuyo apartamento se arrojó la botella de líquido congelado que causó un traumatismo craneoencefálico fatal a Almelina Carrillo el 19 de abril en Caracas) e Iván Pernía, que habría disparado contra colectivos pero terminó hiriendo mortalmente a la joven Paola Ramírez en San Cristóbal.

Desmarque oficial

Contrario a lo que fue la tónica durante las protestas de 2014, la Fiscalía no ha hecho presentaciones masivas de manifestantes a tribunales desde el 10 de abril, cuando comparecieron 40 personas aprehendidas entre Caracas, Miranda y Lara.

El 25 de abril, durante una alocución oficial, Ortega Díaz dejó entrever que se habían producido violaciones a los derechos humanos durante algunas detenciones, cuando se refirió a la participación de fiscales de garantías individuales en varios casos, y sugirió también faltas al debido proceso, al mencionar la situación de manifestantes detenidos en Nueva Esparta sin actas policiales que sustentaran los procedimientos.

Ese mismo día, el Ministerio Público comenzó a emitir boletines con el listado de víctimas mortales y lesionados, que incluyen la situación procesal de cada caso.

El cambio de conducta de la Fiscalía en la formulación de cargos a los manifestantes llevó a que aumentaran las presentaciones de estos ante tribunales militares, a pesar de tratarse de civiles.

Por esos mismos días, y de acuerdo con información del portal konzapata.com, la Fiscal General había destituido al fiscal que actuó en el caso de los gemelos José y Alejandro Sánchez, militantes de Primero Justicia detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por su presunta negligencia al firmar un documento donde certificaba que los hermanos no habían sido sometidos a torturas, sin esperar las experticias forenses que posteriormente demostraron los malos tratos denunciados por sus abogados.

El 5 de mayo, Ortega Díaz dio un paso más allá, cuando se opuso a que una corte castrense conociera del caso de 14 detenidos por los daños a la alcaldía de Villa del Rosario, en Zulia, que incluyó el derribamiento de una estatua del fallecido ex presidente Hugo Chávez, por no tratarse de su fuero natural.

El 18 de mayo, se produjo otro cambio mayúsculo de patrón, cuando el Fiscal 80 de Derechos Fundamentales solicitó al Tribunal 11 de Control de Caracas que dicte medidas de protección para los periodistas en la cobertura de las manifestaciones, que deben ser oficiadas a los organismos de seguridad.

Por: Eumar Esaá

Infografía: Te Lo Cuento News