Lunes, 25 de Septiembre del 2017

 

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Cifras de la Fiscalía contradicen a Padrino López sobre uso de armas de fuego

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El 17 de mayo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada no ha empleado "armas de fuego letales" en el control de las manifestaciones que se llevan a cabo en todo el país, en repudio al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, cifras oficiales del Ministerio Público ponen en entredicho esa afirmación, al revelar que 70% de las víctimas mortales han caído por armas de fuego.

En siete de esos 31 casos, ya se han formulado cargos a efectivos de control de orden público, mientras que los otros permanecen en etapa de investigación. Se trata de las muertes de Gruseny Canelón en Cabudare, estado Lara, por la que hay 14 Guardias Nacionales privados de libertad; Manuel Castellanos en Tucapé, Táchira, atribuida a tres GNB; Diego Hernández en Capacho, asesinado por un efectivo de la Poli-Táchira; Luis José Alviárez en Palmira, en el mismo estado, y Jairo Ortiz en Carrizal, Miranda, víctimas de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana; y Daniel Quéliz y Christian Ochoa, ambos en Valencia, Carabobo, que cayeron ante el fuego de agentes de la policía estadal.

Un octavo caso, el del adolescente Carlos José Moreno, fue perpetrado por un policía de franco, el agente del cuerpo municipal de Sucre Jonathan Camacho. Es la única imputación en la que se ha logrado vincular a militantes de un colectivo afín al gobierno, el frente "5 de Marzo", al que pertenecían tanto Camacho como el otro civil implicado, Alexander José Linares.

La muerte de la joven Paola Ramírez en Táchira, captada en un video en el que se ve a miembros de colectivos disparar en su dirección segundos antes de que cayera abatida, fue imputada a un vecino del sector, que según la versión del Ministerio Público disparaba desde su casa contra el grupo de motorizados armados y terminó impactando accidentalmente a Ramírez.

Un noveno deceso, el del adolescente Albert Rodríguez en El Valle, Caracas, podría ser atribuido al menos indirectamente a la actuación de los cuerpos de seguridad, pues el joven de 16 años, quien tenía problemas coronarios, falleció de un infarto a raíz de la inhalación de gases lacrimógenos.

"Quieren hacer ver que la Fuerza Armada ha asesinado a 43 compatriotas. No usamos armas de fuego letales", sostuvo Padrino López. "Utilizamos instrumentos reglamentados por la ONU (para el control de orden público). No hay fusiles".

Sin embargo, en el que caso de Castellanos, ocurrido a la misma hora que el titular de la Defensa ofrecía sus declaraciones, varios medios han reportado que la muerte pudo deberse a un disparo de fusil de asalto ligero.

La Fiscalía señala que 28 personas murieron por arma de fuego. La cifra no discrimina casos en los que el deceso se produjo por perdigones, como el de Gruseny Canelón, u otro tipo de proyectiles, como la esfera metálica encontrada en la autopsia de Armando Cañizales, el joven de 17 años perteneciente al Sistema de Orquestas Juveniles, cuya pérdida empujó el pronunciamiento del afamado director Gustavo Dudamel en contra de la represión.

La relación de víctimas del Ministerio Público señala que dos personas murieron por "disparo de arma de fuego que le ocasionó fractura de cráneo" en el caso de Kevin León Garzón, ocurrida en El Valle, y "disparo que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico" en el de Orlando Medina en El Tocuyo, Lara.

Otro deceso, el del estudiante de Contaduría y jugador de baloncesto Juan Pablo Pernalete en Altamira, sólo es expresado como "herida" que causó "hematoma en el pectoral izquierdo" en los registros de la Fiscalía, sin precisar qué tipo de arma se la produjo. Dirigentes de oposición y jóvenes que lo acompañaban en la protesta sostienen que cayó víctima del impacto de una bomba lacrimógena disparada a corta distancia, y argumentan que la marca sería idéntica a la de otros manifestantes lesionados por la misma acción. Voceros gubernamentales, en cambio, han hecho circular la especie de que fue asesinado por los propios manifestantes con una pistola de perno cautivo, similar a la que se usa para el sacrificio de reses y porcinos, a fin de producir un "falso positivo" que enlodara a los uniformados.

Las cifras del Ministerio Público actualizadas hasta el 18 de mayo incluyen ocho muertos por electrocución (durante un intento de saqueo en una panadería en El Valle), una por traumatismo craneoencefálico por el lanzamiento de un objeto contundente (Almelina Carrillo, impactada por una botella de líquido congelado arrojada desde un edificio), uno por arrollamiento (el ex nadador de aguas abiertas Ángel Moreira, atropellado por una camioneta que trataba de evadir un cierre de vías durante el llamado "plantón") y dos por volcamiento debido a barricadas (Ana Colmenárez y María de los Ángeles Guanipa en un accidente en la carretera Valencia-Puerto Cabello).

Por: Eumar Esaá

Infografía: Te Lo Cuento News