Solicitantes de asilo EEUU son enviados de regreso a la incertidumbre y peligro en México

0

De acuerdo con Human Rights Watch y Hope Border Institute, el gobierno de los Estados Unidos debe dejar de enviar a solicitantes de asilo de regreso a México mientras esperan el trámite de sus procedimientos ante tribunales de inmigración estadounidenses.

 

A continuación detalles del informe:

 

El informe de Human Rights Watch de 50 páginas, “We Can’t Help You Here’: US Returns of Asylum Seekers to Mexico” (‘No podemos ayudarlos aquí’: EE. UU. envía de regreso a México a solicitantes de asilo), concluye que miles de solicitantes de asilo procedentes de América Central y de otros lugares, incluidos más de 4.780 niños y niñas, enfrentan condiciones potencialmente peligrosas e insostenibles después de que las autoridades estadounidenses los envían de regreso a México. El 7 de junio de 2019, Estados Unidos y México acordaron ampliar drásticamente el programa de devoluciones.

“El gobierno estadounidense ha fomentado la peligrosa fantasía de que los solicitantes de asilo enviados de regreso a México tendrán acceso a trabajo y albergue y una oportunidad justa ante los tribunales de inmigración estadounidenses”, indicó Clara Long, investigadora sénior sobre EEUU de Human Rights Watch y coautora del informe.

“La realidad es que los funcionarios fronterizos estadounidenses están abandonando a madres con niños pequeños y otros migrantes vulnerables en ciudades fronterizas de México donde su seguridad está en riesgo”.

El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) comenzó a enviar de regreso a México a solicitantes de asilo en el marco de su programa de Protocolos de Protección de Migrantes (Migrant Protection Protocols, MPP) en el puerto de entrada de San Isidro, en el sur de California, el 29 de enero, y poco después a Calexico.

Para mediados de marzo, el programa se expandió a El Paso, al otro lado de la frontera con Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Desde entonces, Ciudad Juárez ha superado tanto a Tijuana como a Mexicali como el lugar que recibe a la mayor cantidad de solicitantes de asilo del programa de MPP.

Human Rights Watch y Hope Border Institute mantuvieron 23 entrevistas exhaustivas con solicitantes de asilo, así como entrevistas generales con funcionarios gubernamentales de EEUU y México, activistas locales y abogados, y observaron las audiencias judiciales de inmigración de MPP de 69 personas. Human Rights Watch tomó conocimiento de graves daños sufridos por solicitantes de asilo en Ciudad Juárez, incluidos secuestro, agresión sexual y violencia.

Kimberlyn (el apellido se mantiene bajo reserva), una solicitante de asilo hondureña de 23 años, contó que un conductor de taxi las secuestró a ella y a su hija de 5 años al regresar a Ciudad Juárez después de su primera audiencia judicial en Estados Unidos, en abril.

El conductor las liberó horas después, pero les advirtió que las mataría si su familia en Honduras no pagaba un rescate de USD 800. Demostró con recibos de depósito que este dinero extorsivo había sido pagado. Kimberlyn afirmó que aún no se sentía a salvo.

La vulnerabilidad de los solicitantes de asilo enviados de regreso se ve agravada por la falta de albergue, alimento y otras necesidades insatisfechas, y por la escasez extrema de recursos. A pesar de las promesas anteriores, el gobierno mexicano no ha proporcionado visas de trabajo a los solicitantes de asilo en el programa de MPP, lo que en definitiva limita sus medios de subsistencia y los expone a la posibilidad de explotación.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU también se han negado a devolver documentos de identificación personal a solicitantes de asilo, señaló Human Rights Watch. Sin identificación, es posible que los solicitantes de asilo no puedan recibir dinero que envían sus familiares. Además, los que no tienen documentos por lo general no pueden trasladarse para solicitar asilo en otro lugar, buscar lugares más seguros dentro de México ni regresar a su lugar de origen, lo que los deja atrapados en ciudades peligrosas y poco preparadas de la frontera mexicana.

Al 24 de junio, más de quince mil solicitantes de asilo principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador habían sido enviados de regreso a Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali con instrucciones de comparecer —a veces meses más tarde— ante tribunales de inmigración al otro lado de la frontera en EEUU.

Según el gobierno mexicano, entre los solicitantes de asilo enviados de regreso había al menos 13 mujeres embarazadas, personas LGBT y personas con discapacidades mentales y físicas, que enfrentan riesgos incluso mayores.

El 26 de junio, el sindicato que representa a los funcionarios federales del sistema de asilo, que implementan el programa de MPP, presentó un memorial de amicus curiae ante un tribunal federal en el que repudia al programa y lo describe como “fundamentalmente contrario a la estructura moral de nuestra Nación y nuestras obligaciones legales internacionales y nacionales”.

En Ciudad Juárez hay una grave falta de espacio de acogida para solicitantes de asilo y otros migrantes. Junto con los 6.600 solicitantes de asilo que ya esperan en Ciudad Juárez ingresar en EEUU a través de un sistema de cupos denominado “metering” (que limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo por día), el número de solicitantes de asilo enviados de regreso y a la espera del procedimiento en Ciudad Juárez podría ascender a un total de 12.700. A su vez, funcionarios del estado de Chihuahua estimaron que hay solo 1.000 camas disponibles en albergues en la ciudad, casi todos afiliados a iglesias.

“Carmen S.” contó que fue enviada de regreso a México en mayo para esperar una decisión judicial sobre asilo con sus hijos de 6 y 3 años. Sin embargo, su primera audiencia en la justicia inmigratoria está programada recién para octubre. De regreso en México, funcionarios locales le informaron que no había espacio de acogida para su familia.

“Quedamos en la calle sin lugar adonde ir”, dijo Carmen. Finalmente encontró un albergue que aceptaba a su familia por siete días, pero no tenía idea de adónde iría luego. “¿Por qué programaron la audiencia judicial para tanto tiempo después sabiendo que no tengo nada?” Abogados en El Paso dijeron que a los solicitantes de asilo enviados de regreso ahora se les están asignando fechas de primeras audiencias para junio de 2020.

Abogados y defensores de inmigración en El Paso indicaron una necesidad abrumadora de servicios legales para solicitantes de asilo enviados de regreso a México. En audiencias de 54 personas en las que Human Rights Watch estuvo presente como observador en El Paso, realizadas entre el 8 y el 10 de mayo, solo tres solicitantes de asilo contaban con representación de un asesor legal.

De manera similar, en audiencias de 27 personas observadas por Human Rights Watch en San Diego el 22 de mayo, solo dos personas estaban representadas por un asesor legal. Abogados de inmigración de El Paso dijeron que enfrentaban graves obstáculos para brindar representación a solicitantes de asilo enviados de regreso, incluida la falta de domicilios y números de teléfono fijos de los solicitantes.

Human Rights Watch y Hope Border Institute instaron al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) a poner fin de inmediato al programa de MPP y a dejar de enviar de regreso a México a solicitantes de asilo y a garantizar su seguridad, acceso a asistencia humanitaria y debido proceso durante todo el procedimiento de asilo.

El gobierno estadounidense también debe reducir las demoras en los trámites y ampliar las oportunidades de representación legal ad honorem en el sistema de justicia inmigratoria. Por último, el gobierno debe evitar detener a migrantes, en especial solicitantes de asilo, niños y niñas, familias, personas con problemas de salud física o mental, y otras poblaciones vulnerables.

“Enviar a solicitantes de asilo a México los ha dejado con escaso o ningún acceso efectivo a representación legal en Estados Unidos, contrariamente a lo que aduce el gobierno estadounidense”, señaló Edith Tapia, analista de investigación de políticas en Hope Border Institute en El Paso.

El instituto ha estado observando audiencias en los tribunales de inmigración de solicitantes de asilo incluidos en el programa de MPP y ha documentando la situación de solicitantes de asilo enviados de regreso en Ciudad Juárez.

 

Nota de Prensa de Human RightS Watch

También Podría Interesarte

Deja una respuesta

Tu dirección de email no será publicada

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Este Sitio Web usa cookies para mejorar tu experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Leer Más