Negociar para que se vayan

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Parece que se ha llegado a un punto en la realidad social y política de Venezuela en el que los escenarios llevan, inexorablemente, a la conclusión de que el gobierno nacional está completamente desplazado de cualquier posibilidad real de mantener el poder. Aunque tiene todavía el monopolio de las armas y la fidelidad del alto mando militar, la presión ciudadana por un cambio se incrementa, habiéndose comprobado en la movilización del 23 de enero, que de ser la jornada que celebra la gesta heroica que llevó a la caída de una bochornosa, corrupta y criminal dictadura, se convirtió en el estridente grito que clama por un cambio favorable en el país.

Aunado a ello, el panorama internacional se torna cada vez más claro para la libertad y turbio para Nicolás Maduro, puesto que un número considerable de países ha desconocido al gobierno, señalando que reconoce a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en el país y aplaudiendo de hecho de que el presidente del cuerpo legislativo, Juan Guaidó, asumiera interinamente las funciones propias del ejercicio de la presidencia de la República.

Pero el tema se vuelve aún más difícil para Maduro y su entorno, puesto que solo es defendido por un grupo de países que no tienen incidencia real en el espectro económico y político. Además, para aumentar la angustia de quienes usurpan -como definió la Asamblea Nacional al régimen después del 10 de enero-, países que pueden asociarse a su gestión han marcado distancia, resaltando la indiferencia de China para calificar la situación interna, los llamados de Rusia para que se concrete un clima de entendimiento y el exhorto de México y Uruguay a un diálogo creíble, dando a entender con ese término que lo que había antes no era en lo absoluto real y significativo.

Debe, entonces, la comunidad internacional presionar para que se dé un andamiaje institucional que permita la adecuada composición tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Consejo Nacional Electoral, a través de la incorporación, en el primer caso, de los 13 magistrados principales nombrados por la Asamblea Nacional en julio de 2017, y con la pertinente renovación del Consejo Nacional Electoral a través de la sustitución de los rectores que tienen el período vencido. Todo ello de la mano de un necesario gobierno de transición que, sin la falsa tutela de una inconstitucional constituyente, pueda organizar un proceso comicial supervisado por la comunidad internacional y bajo estricta vigilancia para dirimir finalmente la enorme crisis que se presenta.

Le toca a la oposición actuar con criterio y a la Asamblea Nacional seguir imperando como cuerpo, a sabiendas que para llegar a este punto en el que Juan Guaidó encabeza el órgano, fueron fundamentales las gestiones de Henry Ramos Allup, Julio Borges y Omar Barboza. Tiene la Asamblea que frenar cualquier tentación de dibujo libre de algunos que, lejos de esperar instrucciones, actúan (por capricho, complicidad o ingenuidad) de maneras que terminan siendo dañinas para la propia alternativa democrática. La unidad en torno a la Asamblea Nacional es el norte de las fuerzas que adversan a Maduro y es la garantía de un viraje que debe ocurrir en cualquier momento.

El gobierno tiene también que terminar de entender que el sol está a sus espaldas. Su salida es inminente y no puede ser frenada por ninguna acción que trate de desviar la atención. Sin embargo, en sus manos está salir con algo de dignidad y con cierta perspectiva de futuro o hacerlo de la peor manera, donde una oleada de descontento puede terminar de pasarle por encima. Si hay habilidad debería, cuanto antes, aceptar una negociación creíble -como dicen uruguayos y mexicanos- y entregar el gobierno, porque de no irse por las buenas, las malas maneras, muy costosas por demás, pueden terminar de imponerse.

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