Mujer y empleo

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Las discriminaciones laborales en todas sus manifestaciones lesionan derechos fundamentales de las mujeres, crean brechas sociales inalcanzables, y vulneran sus aspiraciones más sagradas de ser tratada en igualdad de condiciones con respecto a los hombres en un Estado de derecho. Es justicia social que a las mujeres les sean reconocidas las mismas remuneraciones que a ellos y en las mismas proporciones, no por ser mujeres, sino por el desempeño de sus ocupaciones y obligaciones en el área laboral.

Las mujeres son parte importante del desarrollo de una sociedad, con el aporte de su trabajo son generadoras de riquezas, y conjuntamente con los hombres son parte del motor del desarrollo de una nación. Es por ello que se hace necesaria la protección y que se hagan efectivos los derechos existentes en materia laboral, con la creación de los mecanismos institucionales necesarios para la vigilancia y la correcta aplicación de los mismos.

En la República Dominicana, las mujeres se suman al concierto de las que en otros países han elevado sus voces desde sus lugares de trabajos y a través de las instituciones que luchan por la no discriminación en materia salarial, para que les sean reconocidos sus derechos, en virtud de que son ellas un segmento importante de la fuerza laboral que impulsa el desarrollo del la nación.

Múltiples factores afectan a las mujeres para la inserción en los trabajos, tanto en el sector público como en el privado, los cuales corresponden a elementos de discriminación más por el género que por las cualificaciones para la contratación. El solo hecho de ser mujer, la edad, la imagen personal, el estado civil y las condiciones económicas, entre otros, son algunos de los criterios para esa evaluación desigual.

Las mujeres son las que más sienten la exclusión social, por el rol que ellas tienen en el núcleo familiar. Es por ello que el Estado está en la obligación de crear más políticas públicas que les permitan insertarse en el aparato productivo con las garantías de que serán reconocidas por sus méritos y por vía de consecuencia, pagadas en las proporciones establecidas y ganadas durante la vida laboral.

Un importante estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), a propósito de conmemorarse el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, bajo el título “Desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ciclos de vida, evidencian exclusión social en la República Dominicana”, revela que en el país, las mujeres reciben el 83.8% del salario percibido por los hombres, y señala además que el desempleo en el sector laboral ampliado es de 22.7% en tanto que para los hombres es de 10.7%.

Esta investigación deja claramente ver, que se hace necesario implementar políticas públicas en el área laboral inclusivas y de reconocimiento a los derechos establecidos en la materia desde el Estado. Es por ello que las mujeres no deben ceder en sus reclamos ante sus empleadores. Es una lucha que tendrá un final feliz, cuando a ellas se les contrate y se les pague lo que les corresponde, ni por debajo ni por encima, ni por su condición de mujer, sino por sus competencias.

Cambiar esta realidad es deber y obligación de los hombres y mujeres y del sistema, y si para ello es necesario cambiar el ordenamiento jurídico preexistente, ¡a demandar cambios! Se impone una reforma sustentada sobre la base de crear consciencia social y educación para que las féminas no acepten menos de lo que merecen.

¡Adelante!

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