Fiscalía de España apoya idea de extraditar a guardaespaldas de Hugo Chávez

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La Fiscalía de España es partidaria de extraditar a Venezuela a Adrián Velásquez Figueroa, que fue guardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez, y está reclamado allí por blanqueo de capitales, asociación ilícita y enriquecimiento injusto.

En una vista judicial realizada este jueves en la Audiencia Nacional, Velásquez se negó a ser entregado a las autoridades venezolanas, como ya hizo hace unas semanas su mujer, Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue también enfermera de Chávez.

Ambos fueron detenidos en Madrid el pasado abril, tras ser reclamados por la Justicia venezolana por la aparición de sus nombres en sociedades de los llamados “papeles de Panamá”. El tribunal español ya accedió a extraditar a Díaz Guillén hace unas semanas, aunque la decisión se encuentra pendiente de recurso.

En cuanto a Velásquez, la Fiscalía mantuvo este jueves el mismo criterio a favor de la extradición que en el caso de su esposa.

El abogado de Velásquez, Ismael Oliver, señaló que existe un riesgo para la vida del matrimonio en Venezuela y que se trata de un caso “insólito”, porque las personas que firman la orden de su detención -el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Tarek Saab y Maikel Moreno- han sido sancionadas por la Unión Europea (UE) y no pueden entrar en su territorio.

“Entregar a una persona a dos condenados por violar los derechos humanos sería una temeridad y además inconstitucional”, según el abogado, que considera la reclamación venezolana como un “montaje”.

Pero según argumentó el fiscal Carlos García Berro, la doctrina del Tribunal Constitucional español estipula que “no basta con una mera alegación genérica de la situación de los derechos fundamentales de un país, se requiere una acreditación, aunque sea mínima, de cómo puede afectar a la persona reclamada”, cosa que, a su juicio, no ocurre en este caso.

Tener empresas en Panamá, aseguró, era algo “absolutamente habitual” en el caso de ciudadanos venezolanos y “el hecho de enriquecerse no es en sí mismo un acto que sea delictivo”.

 

 

 

 

Fuente: Diario las Américas

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