Depender de programas del Gobierno podría ser un problema para inmigrantes legales que buscan la ciudadanía

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La administración de Donald Trump, en los Estados Unidos, hará que sea más difícil para los inmigrantes legales obtener un estatus permanente si dependen de programas de beneficios gubernamentales, como cupones de alimentos y viviendas subsidiadas. Esto, como parte de una nueva política de gran alcance dirigida a alterar el número de inmigrantes legales y reducir el flujo, a su vez, de inmigrantes pobres.

La medida tendrá el mayor impacto en los inmigrantes que viven legalmente en el país, ya que es probable que reciban beneficios del gobierno, lo que hará que sea mucho más arduo para las personas que tienen problemas financieros obtener el estatus legal permanente, comúnmente conocido como Green Card.

El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Kenneth T. Cuccinelli II, anunció el nuevo reglamento desde la Casa Blanca este lunes por la mañana, agregando que la premisa que mueve la medida es que los inmigrantes que vienen al país son autosuficientes y no deben convertirse en un “drenaje para la sociedad”.

“El beneficio para los contribuyentes es un beneficio a largo plazo de tratar de garantizar que nuestro sistema de inmigración atraiga a las personas para que se unan a nosotros como ciudadanos estadounidenses, como residentes permanentes legales primero, que pueden sostenerse por sí mismos y no dependerán de ellos. el sistema de bienestar, especialmente en la era del estado de bienestar moderno que es tan expansivo y costoso”, expresó Cuccinelli.

Debido a la nueva regla, el bienestar financiero de los inmigrantes que se encuentran legalmente en los Estados Unidos con visas temporales será sometido a mayor escrutinio al momento de solicitar la Green Card o ciudadanía.

Los funcionarios de inmigración considerarán edad, salud, estado familiar, activos, recursos, estado financiero y educación de un inmigrante. Además, los funcionarios podrán determinar si se le niega la ciudadanía a un inmigrante por ser usuario de beneficios públicos, en dicho caso, podría incluso ordenar su deportación.

Sin embargo, las autoridades afirmaron que el programa no se aplicaría a personas que ya tienen la Green Card, a refugiados, solicitantes de asilo, mujeres embarazadas o niños. El problema es que, de acuerdo con los defensores de la inmigración, un gran número de inmigrantes -incluidos aquellos que no están sujetos a la regulación- pueden abandonar los programas de beneficios necesarios por miedo a represalias.

“Esta noticia es un nuevo paso cruel hacia el armamento de programas que tienen la intención de ayudar a las personas, convirtiéndolas, en cambio, en un medio de separar a las familias y enviar a los inmigrantes y las comunidades de color un mensaje: no eres bienvenida aquí”, señaló Marielena Hincapié, ejecutiva director del Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

“Tendrá un impacto humanitario grave, obligando a algunas familias a renunciar a la atención médica y la nutrición críticas que salvan vidas. El daño se sentirá en las próximas décadas”, añadió.

El anuncio forma parte del plan del presidente Trump contra el sistema nacional de leyes y regulaciones de inmigración, su principal preocupación durante los últimos tres años, en los que ha reiterado los peligros de la inmigración ilegal y la necesidad de construir un muro en la frontera sur de los Estados Unidos.

 

 

 

Fuente: The New York Times

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