Democracia y políticas públicas: una relación necesaria

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Indiscutiblemente que la democracia se fortalece con más democracia. El tipo representativo, que predomina en la mayoría de los países, no solamente debe sustentarse en la idea instalada de que los ciudadanos sólo debemos actuar cada cuatro años cuando somos convocados a las urnas para elegir a nuestros dirigentes: hoy en día esa democracia se percibe de baja calidad, insuficiente y hasta cierto punto desfasado para hacer frente a las reivindicaciones sociales, a las incertidumbres y a la complejidad de los problemas más importantes de nuestra sociedad, que requieren intervenciones integrales sobre la base de la participación y la inclusión.

Por eso, cada vez más se plantea con más fuerza la necesidad de un rol más activo de la población en las cuestiones públicas. De ahí que la participación ciudadana sea una condición indispensable para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones, por lo que diversos autores destacan la idea de que la participación es democracia y la democracia es participación, no pudiendo darse la una sin la otra. De este modo, el ejercicio de la democracia representativa se debe complementar con el de democracia participativa y en todo esto la aplicación de política pública juega un papel importante que, dependiendo de su aplicación, contribuye o no al fortalecimiento democrático.

En ese contexto, el establecimiento de políticas públicas tiene necesariamente que contribuir al fortalecimiento de la democracia. Si bien es cierto que una política pública debe conducir a solucionar problemas sociales, con principios de inclusión y de representación, tampoco es menos cierto que muchos de los problemas sociales nacen desde lo más bajo de la pirámide, es decir desde el ámbito local, donde se construye y se ejerce la ciudadanía. Justamente desde allí es que deben generarse las soluciones. Quien conoce sus necesidades y problemas, seguramente conoce la solución del mismo y los gestores de políticas públicas tienen que tener la capacidad de convertir una problemática en política pública que contribuya a su solución.

Para muchos el proponer políticas públicas basadas en la realidad local significaría algo natural cuando la descentralización funciona sin ningún tipo de inconvenientes, en sociedades responsables que entienden la necesidad de implementar gestiones incluyentes y participativas, Sin embargo, para otros, está algo lejos poner en práctica políticas públicas que surjan de las bases del diálogo representativo, producto del acercamiento entre las instituciones de poder y la ciudadanía organizada.

Es desde ese punto de vista que se hace necesario fortalecer la gobernanza, entendiendo ésta (según Cátala Prats, 2001) como “la pauta o estructura que emerge en un sistema sociopolítico, como el resultado conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores intervinientes”. Desde el punto de vista de este concepto la gobernanza se caracteriza por ser producto de los acuerdos entre la sociedad y el poder, que crea una relación de ganar-ganar.

Según el Banco Mundial en su informe de 1993, la gobernanza es “la manera en que se ejerce el poder en el manejo de los recursos económicos y sociales para el desarrollo, refiriéndose al poder de los gobiernos para definir y resolver las políticas relacionadas con el desarrollo” (Banco Mundial, Informe 1993). Aquí se observa la importancia que tiene el poder gubernamental para incluir y decidir sobre la posibilidad de diseñar políticas públicas de bienestar y desarrollo.

Finalmente, es Luis Aguilar quien retoma de manera más evidente el componente democrático de las políticas públicas, al vincularlas con la participación de la ciudadanía en el ejercicio de la acción pública. Tal y como hemos podido observar, desde esta perspectiva las políticas públicas no son monopolio exclusivo del gobierno, sino una actividad compartida y constante que requiere el trabajo conjunto de gobernantes y gobernados en pro de construir una relación de confianza, en donde el ser humano esté en el centro de las políticas públicas.

El autor es Dominicano, Abogado. Gestor Social. Presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (REDLADD)

fujudel@gmail.com

@pablo_vicente

 

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