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América Latina: una sociedad muy desigual

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Por Pablo Vicente

Hace algunos días la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer el estudio “Panorama Social de América Latina 2017″, en el que destacan informaciones de gran importancia a considerar y sobre todo a tomar en cuenta por la clase política, los gestores de políticas públicas y de manera espacial por las organizaciones de la Sociedad Civil.

Un elemento a destacar del estudio en cuestión es el relacionado al tema de la desigualdad: plantean que la comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza, sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos, y a otros bienes productivos. Pese a los avances en términos económicos persiste una alta concentración de la riqueza. Es decir mucho crecimiento y poca distribución en la que se beneficien las mayorías.

Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los propios países ha aumentado, lo que significa que cada país tiene un gran desafío por delante para poder combatir la desigualdad. Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza, si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

Un dato conmovedor que puede servir de referencia en relación al nivel de desigualdad es lo que plantea el informe de Oxfam, a raíz de la campaña IGUALES, destacan que: siete de cada 10 personas viven en un país en el que la desigualdad ha aumentado en los últimos 30 años; la desigualdad extrema tiene un enorme impacto en las vidas de las mujeres, sobrerrepresentadas en los sectores con peores salarios y que sufren mayores niveles de discriminación en el ámbito laboral y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Al ritmo actual, llevará 170 años alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y, por último, hay que destacar la evasión fiscal por parte de las grandes multinacionales, la cual priva a los países pobres de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales, dinero suficiente para financiar servicios educativos para los 124 millones de niños y niñas sin escolarizar, o servicios sanitarios que podrían evitar la muerte de al menos seis millones de niños y niñas cada año.

En definitiva de lo que se trata es que los Estados actúen sobre la base de derecho y no sobre la base de clientelismo, pues muchas veces dan por dádivas lo que deberían de hacer por derecho.

Para el logro de una sociedad de más iguales es propicio tomar como marco de referencia lo que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la meta 10: reducir la desigualdad en y entre los países. Dicha meta está planteada en términos de lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

Las amplias brechas en la distribución de los recursos económicos son una de las principales manifestaciones de la desigualdad estructural que caracteriza a la región y que se expresa en múltiples dimensiones.

Urge tomar medidas para dar nuevo impulso a la redistribución de los ingresos y avanzar hacia sociedades más equitativas y justas. Existe una enorme brecha entre una clase poderosa y el resto de la humanidad que está sumiendo a millones de personas en la pobreza, fracturando nuestras sociedades y debilitando la democracia. Cada vez más personas viven con más miedo y menos esperanza, con un futuro incierto y llenos de incertidumbres.

Es necesario construir juntos un nuevo consenso para diseñar un modelo económico que beneficie a todas las personas y no sólo a una élite selecta. Hay que abogar por una nueva economía más humana que cree sociedades mejores y más justas, en las que los trabajadores reciban un salario digno; sociedades en las que hombres, mujeres, niños y niñas tengan iguales oportunidades de crecimiento, construir una sociedad en la que seamos felices, promotora de la protección del medio ambiente: en definitiva, construir una sociedad de más iguales y, sobre todo, menos desigualdad.

Pablo Vicente es abogado y gestor social, Presidente de la Fundación Justicia Y Desarrollo Local –FUJUDEL- y de la Red Latinoamericana Para El Desarrollo Democrático –REDLADD

Email: fujudel@gmail.com

Twitter: @pablo_vicente

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