Inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica enfrentan mayores barreras a la justicia
Víctimas de violencia doméstica enfrentan cada vez más trabas para acceder a seguridad y justicia en Estados Unidos. Carmen McDonald advirtió que el miedo a las redadas de ICE ha silenciado a personas afectadas y reducido las denuncias
Las protecciones legales a víctimas de violencia doméstica, como las visas U y VAWA, así como el asilo por violencia de género, están bajo mayor escrutinio, mientras que nuevas restricciones de financiamiento y el temor a redadas de ICE han reducido drásticamente las denuncias.
Carmen McDonald: “El silencio no es seguridad, es peligro”
McDonald, directora ejecutiva de Survivor Justice Center, comentó cómo el miedo a las redadas ha silenciado a comunidades enteras. “Cuando los sobrevivientes ven oficiales en sus vecindarios… se preguntan: si voy a la corte para protegerme de mi abusador, ¿seré yo la próxima en ser detenida?”, explicó.
Relató casos de clientes que cancelaron órdenes de restricción por temor a ser deportados, o que evitan incluso citas médicas críticas: “La gente no está reportando robos de salarios, ni crímenes… y el silencio no es seguridad, es peligro”.
Advirtió que esto no solo es una crisis humanitaria, sino de seguridad pública: “Cuando los sobrevivientes son silenciados, los abusadores quedan libres. Cuando los inmigrantes tienen miedo de llamar a la policía, todos estamos menos seguros”.

“La protección ahora conlleva un riesgo mayor”
La abogada Morgan Weibel explicó cómo las reformas recientes han debilitado instrumentos como VAWA y las visas U y T.
“Ahora, incluso alguien con una aplicación de VAWA aprobada puede ser detenido y deportado”, alertó.
Recordó que estas leyes se crearon para romper el ciclo de control que ejercían los abusadores: “Lo que hacía VAWA era permitir que los sobrevivientes presentaran su propia solicitud sin la participación de su abusador”. Sin embargo, las nuevas políticas incluyen entrevistas adicionales, vetos discrecionales y la colocación en procesos de deportación tras un rechazo, lo que disuade a muchas víctimas de pedir ayuda.
En cuanto al asilo por violencia de género, Weibel señaló que la decisión reciente de la fiscal general devolvió al país a un precedente restrictivo:
“El resultado es que la ubicación geográfica podría determinar la suerte de un sobreviviente. Y nadie cree que la geografía deba decidir entre la vida o la muerte”.
Un rayo de esperanza
En medio de testimonios técnicos y jurídicos, se dio espacio a la voz de Juana Padilla, sobreviviente mexicana que logró obtener la residencia a través de una auto-petición VAWA. Narró cómo durante años sufrió violencia de un esposo exmilitar, la indiferencia de autoridades y el temor de perder a sus hijos.
“Me decían que no tenía a nadie. Incluso dejé el país seis años, pero tuve que volver porque él secuestró a mis hijos”, relató.
Gracias al apoyo legal y social, logró regularizar su estatus y garantizar tratamiento médico para su hija: “Con esta administración tenía miedo de que me deportaran, pero ahora tengo mi residencia y mi familia está unida”, dijo emocionada.
Patima Komolamit: “Las restricciones crean más barreras para salvar vidas”
La directora del Center for the Pacific Asian Family, Patima Komolamit, cerró el panel alertando sobre los nuevos condicionamientos que enfrentan las organizaciones que reciben fondos federales. “Estas restricciones alineadas con órdenes ejecutivas buscan imponer roles de género tradicionales y limitan nuestro trabajo”, denunció.
Recordó que la violencia doméstica en comunidades inmigrantes a menudo incluye la amenaza de deportación como herramienta de control, ahora reforzada desde el propio gobierno: “Lo que antes era coerción de la pareja, hoy está institucionalizado”.
Komolamit hizo un llamado a mantener y ampliar el apoyo comunitario: “En 47 años de trabajo hemos visto que estos servicios salvan vidas. No podemos dejar que el miedo y las restricciones nos impidan llegar a las sobrevivientes”.
Los sobrevivientes inmigrantes enfrentan riesgos crecientes en un sistema que debería protegerlos. Sin embargo, líderes comunitarios, abogados y organizaciones siguen ofreciendo refugio, asesoría y acompañamiento. Como resumió McDonald: “Hay ayuda disponible, y cada sobreviviente debe saber que no está sola”.
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