Colombia y Panamá no logran proteger a los migrantes en el Darién, según HRW

La organización no gubernamental, Human Rights Watch, reveló en un informe publicado este miércoles que los gobiernos de Colombia y Panamá no están protegiendo ni ayudando eficazmente a cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el Tapón del Darién.

A través de un comunicado precisó que el informe de 110 páginas, “Desatendidos en la selva: Protección y asistencia inadecuadas para migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién”, es el segundo de una serie de informes de Human Rights Watch sobre la migración a través del Tapón del Darién.

Human Rights Watch identificó deficiencias específicas en los esfuerzos de Colombia y Panamá para proteger y ayudar a las personas –incluidas aquellas en mayor riesgo, como los niños no acompañados– así como para investigar los abusos contra ellos.

Juanita Goebertus , directora para las Américas de Human Rights Watch afirmó que “cualquiera que sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién tienen derecho a seguridad básica y al respeto de sus derechos humanos a lo largo del camino”.

Quick Takes in the #DailyBrief Newsletter:

🔵Crime and violence rife in the Darién Gap as abuses go unchecked
🔵murdered lawyer’s widow harassed by Eswatini authorities
🔵Iran’s Baha’is suffer crime against humanity of persecution

Read the details: https://t.co/hf9xU9qyA8 pic.twitter.com/S6Tad8gjiu

— Human Rights Watch (@hrw) April 3, 2024

A su juicio, “las autoridades colombianas y panameñas pueden y deben hacer más para garantizar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan sus países, así como de las comunidades locales que han experimentado años de abandono”.

Lo que hizo HRW

Human Rights Watch visitó el Tapón del Darién cuatro veces entre abril de 2022 y junio de 2023 y entrevistó a casi 300 personas, entre ellas migrantes y solicitantes de asilo, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios y autoridades colombianas y panameñas. Entre enero de 2022 y marzo de 2024, los investigadores también realizaron entrevistas telefónicas y virtuales.

La ONG también revisó datos e informes de los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos; agencias de las Naciones Unidas; organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales, regionales y locales; y clínicas jurídicas locales, y en repetidas ocasiones enviaron solicitudes de información a las autoridades colombianas y panameñas, quienes en la mayoría de los casos respondieron.

Encontró que en ambos lados de la frontera, las autoridades no protegen efectivamente el derecho a la vida y la integridad física de los migrantes en tránsito y solicitantes de asilo, ni investigan las violaciones de manera efectiva, rápida y exhaustiva.

Los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentos, agua y servicios de salud esenciales han resultado inadecuados, afectando los derechos básicos tanto de los migrantes como de las comunidades locales que han experimentado una marginación prolongada, altas tasas de pobreza y falta de oportunidades.

Falta por investigar

Los crímenes contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluidos los casos generalizados de violencia sexual, en gran medida no se investigan y quedan impunes en ambos lados de la frontera. La rendición de cuentas por estos abusos es poco común debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación criminal para estos casos y la mala coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas.

El 4 de marzo de 2024, el gobierno panameño suspendió el trabajo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país, alegando que su acuerdo con el grupo humanitario había finalizado en diciembre. MSF dice que han estado buscando una renovación desde octubre. La organización desempeñó un papel destacado en la asistencia a migrantes y solicitantes de asilo, incluidos cientos de supervivientes de violencia sexual.

«Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario de lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién», afirmó Goebertus. “Las autoridades panameñas deberían revisar urgentemente esta decisión para garantizar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, incluidas las víctimas de violencia sexual”.

Cifras alarmantes

Más de medio millón de personas cruzaron el Tapón del Darién en 2023, incluidos 113.000 niños. Con base en la gran cantidad de personas que cruzaron en enero y febrero, las autoridades panameñas estiman que es probable que la cantidad de personas que crucen sea aún mayor en 2024.
Durante su recorrido por este difícil terreno, venezolanos, haitianos y ecuatorianos, así como personas de Asia y África, han experimentado graves abusos, incluida violencia sexual. Desde 2021, más de 1.500 personas han denunciado violencia sexual a MSF, pero es probable que las cifras sean mayores. Sin embargo, entre enero de 2021 y diciembre de 2023 la Fiscalía General de Panamá reportó solo 285 víctimas de abuso sexual.

Decenas, si no cientos, han perdido la vida intentando cruzar o están desaparecidos. Si bien la Organización Internacional para las Migraciones informó que 245 han desaparecido entre 2021 y marzo de 2023, es probable que la cifra real sea mucho mayor.

En un caso documentado por Human Rights Watch, en octubre de 2022, una pareja venezolana emprendió el viaje con su hijo de 6 años y otros dos niños a través de la selva del Darién. En medio de la ardua caminata, un extraño se ofreció a llevar a su hijo para acelerar el viaje, pero ese grupo pronto los superó, dijeron los padres. Cuando alcanzaron al grupo a la mañana siguiente, el hombre les dijo que su hijo se había ahogado mientras cruzaba el río. Las autoridades tardaron ocho días en iniciar una búsqueda y la Interpol emitió un aviso para ayudar a localizar al niño más de un mes después. Sigue desaparecido.

Sin estrategias claras

Los investigadores encontraron que en Colombia, el gobierno carece de una estrategia clara para salvaguardar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién. La limitada presencia gubernamental en la región los deja efectivamente desprotegidos del Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en el narcotráfico que controla el flujo de migrantes y solicitantes de asilo y se beneficia de su desesperación y vulnerabilidad.

El gobierno panameño implementa una estrategia de “flujo controlado” o “flujo humanitario”. La política parece enfocada en restringir el libre movimiento de migrantes y solicitantes de asilo dentro de Panamá y buscar su rápida salida a Costa Rica, en lugar de abordar sus necesidades o garantizar que puedan ejercer su derecho a solicitar asilo, concluyó Human Rights Watch.

Tanto Colombia como Panamá deberían nombrar un asesor especial o un alto funcionario para coordinar su respuesta al creciente flujo migratorio a través del Darién y reforzar la cooperación entre los dos gobiernos y con la ONU y otras agencias humanitarias.

Ambos gobiernos deberían trabajar con organizaciones humanitarias y comunidades locales para establecer un sistema conjunto para rescatar a personas reportadas como desaparecidas en el Tapón del Darién e identificar y recuperar cadáveres. También deberían fortalecer los esfuerzos para prevenir, investigar y castigar la violencia sexual contra migrantes y solicitantes de asilo. Deberían aumentar la capacidad forense en la región, priorizar las investigaciones de estos casos y abordar los obstáculos que dificultan que las víctimas denuncien los delitos. En colaboración con las organizaciones humanitarias, los gobiernos deberían reforzar la asistencia médica, incluida la psicológica, a las víctimas.

No hay que dejarlos solos

Abordar la situación en el Tapón del Darién requerirá esfuerzos más amplios en toda la región. Los gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos deberían revertir las medidas que impiden el acceso al asilo y obligan a las personas a cruzar cruces peligrosos como el Tapón del Darién . Deberían honrar el 40º aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, un instrumento internacional histórico sobre los derechos de los refugiados en América Latina, adoptando políticas que respeten los derechos.

“No se debe dejar solos a Colombia y Panamá para responder a los desafíos del Tapón del Darién”, dijo Goebertus. “Los gobiernos extranjeros deberían apoyar esfuerzos significativos para ayudar y proteger a los migrantes y solicitantes de asilo, y todos los gobiernos deberían ofrecer opciones para garantizar que las personas no se vean obligadas a arriesgar sus vidas en la jungla”.

Fuente: HRW