Recortes al SNAP amenazan a millones de familias en EE. UU.

Más de tres millones de personas ya perdieron beneficios del programa SNAP desde la aprobación del paquete presupuestario federal conocido como “One Big Beautiful Bill”, según expertos en salud pública y políticas sociales durante una conversación nacional organizada por American Community Media junto a la Fundación Robert Wood Johnson.

El programa SNAP, anteriormente conocido como food stamps, ayuda actualmente a más de 42 millones de personas en Estados Unidos a comprar alimentos. Sin embargo, los nuevos recortes federales podrían afectar a millones más durante los próximos años, incluyendo niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias trabajadoras de bajos ingresos.

La discusión también presentó una nueva herramienta llamada Congressional District Health Dashboard, una plataforma que recopila información de salud y factores económicos en cada distrito congresional del país. Los expertos explicaron que el sistema permitirá rastrear cómo los cambios en SNAP afectan directamente a las comunidades.

El primero en intervenir fue el doctor Geardar Malia, oficial senior de políticas públicas de la Robert Wood Johnson Foundation, quien advirtió que los recortes ya están teniendo consecuencias reales en todo el país.

“Necesitamos datos claros y confiables para garantizar que las decisiones reflejen las necesidades reales de las comunidades”, afirmó Malia.

El especialista recordó que SNAP nació en 1964 y durante décadas contó con apoyo bipartidista. Explicó además que cerca de cuatro de cada diez beneficiarios son niños y que muchas personas que reciben ayuda sí trabajan, pero aun así no logran cubrir gastos básicos.

Actualmente, el beneficio promedio es de aproximadamente 188 dólares mensuales por persona, lo que equivale a cerca de 1.50 dólares por comida.

Malia también aclaró que inmigrantes indocumentados nunca han sido elegibles para SNAP, aunque sí existen residentes legales y otros grupos migratorios que históricamente podían acceder al programa tras ciertos requisitos de residencia.

Una herramienta para medir el impacto distrito por distrito

Luego tomó la palabra la doctora Lorna Thorp, investigadora principal del Congressional District Health Dashboard y directora del Departamento de Salud Poblacional de la Escuela de Medicina Grossman de NYU.

Thorp explicó que la nueva plataforma recopila más de 40 indicadores relacionados con salud, vivienda, pobreza, desempleo y acceso a servicios médicos en cada distrito congresional del país. El sistema ahora también incluye datos trimestrales sobre participación en SNAP.

Según la investigadora, más de uno de cada seis hogares en Estados Unidos participa actualmente en SNAP, aunque las diferencias entre distritos pueden ser enormes.

“Hay distritos donde apenas el 3% de los hogares usa SNAP y otros donde la cifra se acerca al 60%”, explicó Thorp.

Durante la presentación, mostró ejemplos de California donde algunas zonas agrícolas del Valle Central superan el 50% de participación en el programa debido al alto costo de vida y la pobreza persistente.

La investigadora destacó además que la herramienta permitirá a periodistas, organizaciones y legisladores observar cambios casi en tiempo real, algo poco común en estadísticas federales tradicionales.

Nuevos requisitos y temor entre inmigrantes

Malia regresó luego para explicar cómo cambió el programa tras la aprobación de la nueva ley federal en 2025. Entre las modificaciones más importantes mencionó la expansión de requisitos laborales para personas entre 55 y 64 años y padres con hijos adolescentes, además de nuevas cargas administrativas para demostrar elegibilidad.

También explicó que los estados ahora deberán asumir una mayor parte de los costos administrativos y alimentarios del programa, algo que podría generar más recortes locales en los próximos años.

Otro de los puntos que generó preocupación fue el impacto sobre comunidades inmigrantes.

El experto señaló que refugiados, asilados y sobrevivientes de trata han perdido acceso al programa bajo las nuevas reglas. Además, aseguró que muchas familias elegibles están evitando solicitar ayuda por miedo a políticas migratorias y acciones de ICE.

“Estamos viendo miedo real dentro de las comunidades inmigrantes”, afirmó Malia, quien también criticó el intercambio de información entre programas públicos y agencias migratorias.

Food banks no logran cubrir la diferencia

Durante la sesión de preguntas, varios periodistas preguntaron qué alternativas existen para las personas que pierden SNAP.

Malia reconoció que bancos de comida, iglesias y organizaciones comunitarias están tratando de llenar el vacío, pero aseguró que la escala del problema es demasiado grande.

“Por cada comida que entrega un food bank, SNAP proporciona nueve”, explicó.

Los expertos también advirtieron que el aumento del costo de vida y los precios de alimentos están dejando a muchas organizaciones locales sin capacidad suficiente para responder a la demanda.

Un debate que apenas comienza

Al cierre de la conversación, tanto Thorp como Malia coincidieron en que los próximos meses serán claves para medir el verdadero impacto de los recortes federales. Ambos insistieron en que el acceso a alimentos no debería convertirse en una batalla política, especialmente en un país con tantos recursos económicos.

“En el país más rico del mundo, podemos hacerlo mejor”, concluyó Malia.

Mientras millones de familias enfrentan incertidumbre sobre cómo pagarán su próxima compra de comida, investigadores y organizaciones comunitarias aseguran que los nuevos datos podrían convertirse en una herramienta importante para documentar el alcance real de la crisis.