42 millones de estadounidenses perderán asistencia alimentaria en noviembre por cierre del gobierno

Cerca de 42 millones de estadounidenses quedarán sin asistencia alimentaria a partir de este mes debido al cierre del gobierno federal. Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) no se entregarán, dejando a millones de familias vulnerables, veteranos y niños sin una fuente básica de alimentos.

“No se trata de falta de fondos, sino de una decisión política”, advirtió Jamie Bussel, funcionaria sénior de la Robert Wood Johnson Foundation (RWJF), “Nuestros legisladores están priorizando la política por encima de la gente. Y quienes terminan atrapados en este estancamiento son nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros veteranos y nuestros niños”.

El hambre no debería ser una opción en Estados Unidos

Bussel recordó que SNAP, un programa federal administrado por los estados, es el pilar más importante contra el hambre desde la Gran Depresión. “Nunca antes había sido interrumpido de esta forma”, subrayó.
Explicó que por cada comida que ofrecen los bancos de alimentos, SNAP proporciona nueve. “Las despensas son esenciales, pero no pueden reemplazar lo que hace SNAP”, añadió.

La funcionaria también alertó sobre el impacto económico: “Las compras con SNAP representan hasta el 15% de las ventas en algunos supermercados. Cuando los beneficios se detienen, los comercios locales, sobre todo en zonas rurales, también sufren”.

“El acceso a alimentos saludables y asequibles debería ser un derecho humano básico”, concluyó Bussel. “No hay justificación moral ni económica para dejar que millones pasen hambre”.

 Un daño sin precedentes

Joseph Llobrera, director de investigación del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), calificó la situación como “una crisis sin precedentes”.

“El Departamento de Agricultura (USDA) tiene la autoridad y los fondos de contingencia necesarios para evitar la suspensión”, explicó. “Pero la negativa de la administración a liberar esos fondos es una decisión política”.

De acuerdo con Llobrera, más de 40 millones de personas perderán sus beneficios, incluidos 16 millones de niños, 8 millones de adultos mayores y 4 millones de adultos con discapacidad. En California, más de cinco millones de personas dependen del programa, que representa 1.000 millones de dólares mensuales en ayuda alimentaria.

También advirtió sobre los recortes a largo plazo: la ley de reconciliación aprobada en julio reducirá el presupuesto de SNAP en 187.000 millones de dólares durante la próxima década, el recorte más grande en la historia del programa.
“El nuevo marco impone cargas a los estados y endurece los requisitos laborales, dejando a millones fuera del sistema”, dijo Llobrera. “Es una reducción del 20% que pone en riesgo a veteranos, personas mayores, inmigrantes y familias trabajadoras”.

Los niños pagan el precio

Gina Plata-Niño, directora interina de SNAP en el Food Research & Action Center (FRAC), centró su intervención en el impacto sobre los niños:
“La mayoría de los beneficiarios de SNAP son menores de edad, pero estos niños no viven solos; dependen de padres que trabajan dos o tres empleos y aún así no logran cubrir sus necesidades básicas”, señaló.

Plata-Niño describió el panorama como “un reflejo del fracaso político”. “Estamos aquí por una decisión de política pública”, sostuvo. “Las familias han perdido la confianza en el gobierno; esto genera ansiedad y estrés innecesario. Los padres se ven obligados a elegir entre pagar la renta o comprar comida”.

Agregó que la crisis afectará de manera particular a las comunidades rurales y remotas, donde “el hambre, la pobreza y la dependencia del SNAP son más altas”.
“Cuando un niño pregunta por qué no hay comida o por qué sus padres lloran, esa es la realidad del impacto de estas políticas”, enfatizó.

 Las familias inmigrantes sentirán el golpe más fuerte

Para Eric Valladares, director ejecutivo de Family Connections en San Mateo, California, los recortes tendrán consecuencias devastadoras en las familias de bajos ingresos e inmigrantes:
“Nuestras comunidades ya están al límite. La inflación, el costo de la vivienda y ahora la pérdida de asistencia alimentaria van a generar una crisis humanitaria local”, afirmó.

Su organización ofrece servicios gratuitos de aprendizaje temprano, apoyo psicológico y talleres familiares. “El hambre no solo afecta el cuerpo, sino también la mente y el desarrollo infantil”, explicó. “Cuando los niños no comen bien, no pueden concentrarse, y los padres viven bajo un estrés constante que afecta su salud mental”.

Valladares concluyó con un llamado: “La solidaridad comunitaria será esencial. Pero no podemos permitir que los programas de emergencia reemplacen la responsabilidad del Estado. Ninguna familia debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos o pagar el alquiler”.

Un llamado a la acción

Al cierre del encuentro, los expertos coincidieron en que la crisis podría evitarse si el gobierno federal desbloquea los fondos de contingencia y protege la estructura de SNAP frente a los recortes proyectados.

“Hemos cruzado el punto de la absurdez”, dijo Bussel. “Los niños, las familias y las comunidades están contando con nuestros líderes. Deben cumplir sus promesas y responder a las familias que representan”.